Orden FOM/934/2017, de 2 de octubre, por la que se determinan para el año 2016 los costes tipo aplicables a los costes subvencionables regulados en el Real Decreto 170/2009, de 13 de febrero, sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías incluidas en el anexo I del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea (substituido por el anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea), con origen o destino en las Islas Canarias.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Esta norma establece los costes tipo que se utilizarán para compensar los gastos adicionales de transportar ciertas mercancías por barco y avión hacia y desde las Islas Canarias durante el año 2016. Esta compensación existe porque el archipiélago está lejos de la península y de Europa, lo que encarece el transporte de productos básicos. **¿A quién afecta?** Afecta a las empresas que transportan mercancías por vía marítima y aérea entre Canarias y la península (principalmente rutas a Cádiz y Madrid), así como entre las propias islas canarias. También afecta a los importadores y exportadores que utilizan estas rutas, ya que los costes fijados determinan cuánta ayuda económica recibirán los transportistas. **¿Qué cambia o establece?** La norma fija los precios máximos que se reconocerán como gastos subvencionables para cada ruta y tipo de transporte. Establece tarifas diferentes según se transporte por kilos (en avión), metros lineales, o contenedores de 20 y 40 toneladas (en barco), y también diferencia los precios si se utiliza refrigeración para productos perecederos. Estos costes tipo sirven como referencia para limitar la cantidad de dinero que el Ministerio puede desembolsar en compensaciones a los transportistas.
💬 Contexto ciudadano
Esta orden actualiza los costes tipo que el Real Decreto 170/2009 ya regulaba para compensar el transporte insular, mecanismo de política regional establecido en la UE para regiones alejadas. Canarias es la única comunidad autónoma con esta compensación directa en mercancías agrícolas (Baleares posee esquema similar pero diferenciado), conforme al Tratado de Funcionamiento de la UE que reconoce gastos adicionales por insularidad. Mientras el Estado español aprueba estas medidas anualmente, son supervisadas por la Comisión Europea para evitar distorsiones de competencia intracomunitaria. Para el ciudadano canario, garantiza que productos básicos agrícolas mantengan precios competitivos a pesar de costes de transporte inflados por la geografía, protegiendo tanto el consumo local como la viabilidad de transportistas y distribuidores insulares.