Real Decreto 531/2025, de 24 de junio, por el que se declaran diez zonas especiales de conservación, se aprueban sus medidas de conservación y las de siete zonas de especial protección para las aves, y se propone la modificación de los límites geográficos de doce espacios protegidos de la Red Natura 2000 en la Región Marina Mediterránea.
¿Qué dice esta ley?
**Qué es** España designa diez nuevas áreas marinas protegidas en el Mediterráneo y mejora la protección de otras siete dedicadas a aves. También redefine los límites de doce espacios ya existentes. Se trata de zonas donde la naturaleza marina tiene normas especiales para garantizar que especies y hábitats se conserven. **A quién afecta** A pescadores y empresas de acuicultura (por restricciones en estas áreas), a operadores de transporte marítimo, a autoridades locales costeras, y a cualquier ciudadano que use esas aguas para ocio o actividades económicas. La administración debe supervisar que se cumpla. **Qué cambia** Se establecen nuevas reglas sobre qué se puede hacer en cada zona: dónde pescar, cómo navegar, qué construcciones están permitidas. El objetivo es frenar la sobrepesca, reducir contaminación y dar espacio a especies vulnerables. Los límites revisados evitan conflictos entre protección ambiental y actividades económicas. **Cuándo entra en vigor** Desde el 24 de junio de 2025. Las medidas concretas de cada zona comenzarán a aplicarse tras un período de información pública y adaptación (generalmente entre 6 y 12 meses).
💬 Contexto ciudadano
La Red Natura 2000 es la mayor red de espacios protegidos del mundo, abarcando el 18% del territorio europeo y el 8% de las aguas marinas de la UE. La designación de nuevas ZEC en la región marina mediterránea española responde a los compromisos derivados de la Estrategia de Biodiversidad 2030 de la UE, que fija el objetivo del 30% de protección marina. España tenía un déficit en zonas protegidas marinas comparado con países como Francia o Portugal, y estos diez espacios nuevos suponen un avance significativo. La tensión con el sector pesquero es inevitable: la extensión de áreas protegidas restringe artes de pesca tradicionales. La comparación con las Marine Protected Areas de Reino Unido —que han logrado equilibrios más negociados con el sector— o con los Parques Marinos Nacionales de Portugal muestra que España puede mejorar la participación del sector en el diseño de las medidas de gestión de cada zona.