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ResoluciónNacionalvigente

Resolución de 25 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se publica la tarifa de último recurso de gas natural.

BOE-A-2017-11062Publicada: 29/09/2017Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital

¿Qué dice esta ley?

**¿Qué es?** Esta resolución publica los precios oficiales de la tarifa de último recurso de gas natural. Es un documento que fija cuánto deben pagar los ciudadanos por el suministro de gas cuando no tienen acceso al mercado libre. También establece los precios para el gas manufacturado en islas. Estos precios entran en vigor el 1 de octubre de 2017 y se pueden revisar cada trimestre si el coste del gas sube o baja más del 2%. **¿A quién afecta?** Afecta a los consumidores domésticos y pequeños negocios conectados a presiones bajas de gas. Específicamente, alcanza a quienes consumen hasta 50.000 kWh al año. También afecta a usuarios de gas manufacturado o aire propanado en territorios insulares hasta que llegue el gas natural. No afecta a grandes consumidores ni a quienes pueden contratar libremente con proveedores. **¿Qué cambia o establece?** Establece dos categorías de tarifas según el consumo anual: una para quienes gastan hasta 5.000 kWh/año con cuota fija de 4,31 euros mensuales y otra para consumos entre 5.000 y 50.000 kWh/año con cuota de 8,45 euros mensuales. El precio variable cambia según el consumo: 5,015404 céntimos por kWh en la primera categoría y 4,328004 céntimos en la segunda. En islas, hay dos categorías adicionales para mayores consumos. Cuando un período de facturación cruza el cambio de tarifa, el consumo se divide proporcionalmente entre ambas.

💬 Contexto ciudadano

La tarifa de último recurso de gas natural constituye el mecanismo histórico de protección española para consumidores cautivos (menores de 50.000 kWh anuales) sin acceso al mercado liberalizado, actualizado aquí con nuevos precios según volatilidad trimestral. A diferencia de la liberalización progresiva impulsada por directivas europeas (2003, 2009), que otros estados han ampliado a más segmentos, España mantiene esta regulación para proteger consumidores vulnerables mientras grandes usuarios acceden al mercado libre desde 2003. Esta resolución afecta a millones de hogares españoles, especialmente en zonas rurales donde carece de competencia real y representa el único precio disponible, protegiéndoles de fluctuaciones internacionales de costes que de otro modo recaerían directamente sobre el ciudadano.

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