Orden PRA/905/2017, de 21 de septiembre, por la que se modifican los anexos I y II del Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales que los utilizan y por el que se establecen los requisitos técnicos para las instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases fluorados.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Una orden que modifica la normativa sobre gases fluorados, específicamente actualizando los requisitos de certificación para los profesionales que trabajan con conmutadores eléctricos que contienen gases de efecto invernadero. Amplía las actividades que requieren certificación profesional y actualiza el programa de formación obligatorio para realizar estas tareas. **¿A quién afecta?** Afecta a todas las personas que realizan actividades de instalación, mantenimiento, revisión, manipulación de contenedores de gas, desmontaje o recuperación de gases en conmutadores eléctricos fijos que contengan gases fluorados. Hasta ahora solo quienes hacían recuperación de gases necesitaban certificación; ahora todas estas actividades la requieren. **¿Qué cambia o establece?** Establece que cualquier persona que trabaje en instalación, mantenimiento, revisión, manipulación de contenedores o desmontaje de conmutadores eléctricos con gases fluorados debe estar certificada. Define un nuevo programa formativo obligatorio que incluye temas sobre medio ambiente, propiedades del hexafluoruro de azufre (SF6), efectos en la salud, manejo de equipos de extracción y recuperación, almacenamiento, transporte, y control de fugas.
💬 Contexto ciudadano
Antes de esta orden, únicamente la recuperación de gases fluorados requería certificación profesional en España; esta modificación de 2017 amplía ese requisito a todas las actividades con conmutadores eléctricos con SF6 (instalación, mantenimiento, revisión, manipulación de contenedores y desmontaje), alineándose con la Directiva 517/2014/UE que todos los estados miembros deben implementar. El programa formativo obligatorio constituye un avance que busca equiparar el estándar español con directrices europeas más estrictas sobre sustancias de alto potencial de calentamiento global. Para los ciudadanos, significa que empresas e instaladores deben demostrar mayor competencia técnica, reduciendo teóricamente fugas contaminantes y riesgos ambientales, aunque los costes de formación pueden repercutir en los precios de servicios.