Ley 9/2017, de 3 de agosto, de regulación de las corridas de toros y de protección de los animales en las Illes Balears.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** La Ley 9/2017, de 3 de agosto, es una norma de las Illes Balears que regula cómo se pueden celebrar corridas de toros y otros espectáculos taurinos en plazas de toros, estableciendo normas de seguridad para las personas y de bienestar para los animales. La ley adapta la regulación estatal sobre espectáculos taurinos a la realidad específica de las Illes Balears. **¿A quién afecta?** Afecta a los promotores y organizadores de corridas de toros y espectáculos taurinos en las Illes Balears, a los ayuntamientos que deben autorizar estos eventos, a los participantes en los espectáculos y al público asistente. También afecta a menores de edad y a la protección del bienestar de los toros de lidia que intervienen en estos espectáculos. **¿Qué cambia o establece?** La ley establece que las corridas de toros solo pueden celebrarse en plazas de toros permanentes que ya estaban en funcionamiento antes de 1992, prohíbe la entrada a menores de dieciséis años, y requiere que los promotores presenten una declaración responsable ante el ayuntamiento correspondiente. Regula las condiciones de seguridad del espectáculo, el cuidado y bienestar de los animales, y adapta todas las exigencias técnicas y de control a las peculiaridades de estos espectáculos públicos.
💬 Contexto ciudadano
Antes de esta ley, las corridas de toros en Baleares se regían por la normativa estatal básica sin adaptaciones autonómicas específicas. La Ley 9/2017 representa una posición intermedia en el mapa español: mientras Cataluña prohibió los espectáculos taurinos (aunque con sentencias contradictorias), Andalucía y Castilla-La Mancha mantienen regulaciones permisivas, y otras CCAA como Madrid adoptan posturas intermedias. A nivel europeo, directivas de bienestar animal presionan hacia restricciones, pero sin prohibiciones explícitas. La normativa balear importa al ciudadano porque limita la entrada de menores, exige altos estándares de seguridad y bienestar animal, y solo permite plazas históricas, reflejando un debate europeo creciente sobre la compatibilidad de estas tradiciones con derechos de protección animal en democracias modernas.