Orden EIC/817/2017, de 29 de agosto, por la que se modifica la Orden EIC/36/2017, de 24 de enero, por la que se dispone la creación de Deuda del Estado durante el año 2017 y enero de 2018 y se autorizan las operaciones de gestión de tesorería del Estado.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Es una orden ministerial que modifica una norma anterior sobre la creación de deuda del Estado durante 2017. Su propósito es actualizar los límites de endeudamiento estatal conforme a lo establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017. **¿A quién afecta?** Afecta al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y a la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, que son los organismos encargados de emitir deuda del Estado y gestionar las operaciones de tesorería durante 2017. **¿Qué cambia o establece?** Establece que el incremento del saldo de deuda del Estado al 31 de diciembre de 2017 no puede superar los 52.824.424,51 miles de euros respecto al saldo existente el 1 de enero de 2017. La Secretaría General del Tesoro puede emitir la deuda necesaria durante el año, pero siempre respetando este límite máximo de incremento.
💬 Contexto ciudadano
Antes de esta modificación de agosto de 2017, la Orden EIC/36/2017 (enero 2017) ya establecía límites al endeudamiento estatal para ese ejercicio, pero la ejecución presupuestaria requería este ajuste para armonizar con las Presupuestos Generales del Estado aprobados. Este mecanismo de control se alinea con el marco europeo de gobernanza fiscal del Tratado de Maastricht y regulaciones posteriores que vinculan a todos los Estados miembros, incluida España, a límites de déficit (3%) y deuda (60%). A diferencia de las comunidades autónomas, que tienen autonomía relativa en endeudamiento dentro de límites nacionales, el Estado central ostenta la capacidad de emisión directa de deuda. La relevancia ciudadana radica en que estos límites de endeudamiento afectan directamente la sostenibilidad de las finanzas públicas, los tipos de interés que el Estado paga por sus préstamos, y consecuentemente, el margen presupuestario disponible para servicios públicos y políticas sociales.