Ley 10/2013, de 24 de julio, por la que se incorporan al ordenamiento jurídico español las Directivas 2010/84/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2010, sobre farmacovigilancia, y 2011/62/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre prevención de la entrada de medicamentos falsificados en la cadena de suministro legal, y se modifica la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.

💬 Contexto ciudadano

Antes de la Ley 10/2013, España no tenía una normativa específica que incorporara las Directivas europeas sobre farmacovigilancia y prevención de medicamentos falsificados, lo que generaba una falta de armonización con el marco jurídico de la Unión Europea. Esta ley estableció un marco común entre las Comunidades Autónomas y el Estado, asegurando una aplicación uniforme de las normas europeas. Esto fue crucial para garantizar la seguridad del paciente y la eficacia del sistema sanitario, alineando la legislación española con los estándares de la UE y mejorando la coordinación entre los distintos niveles de gobierno.