Ley 9/2017, de 19 de septiembre, por la que se modifica la Ley 6/2002, de 18 de octubre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Una ley que modifica las normas sobre tasas y precios públicos en La Rioja para establecer exenciones del pago de determinadas tasas. Estas exenciones son medidas excepcionales adoptadas por el Gobierno de La Rioja para ayudar al sector agrario y ganadero ante los efectos negativos causados por la sequía, altas temperaturas, heladas primaverales y tormentas con granizo que afectaron a la región durante 2017. **¿A quién afecta?** Afecta a los titulares de explotaciones de ganadería extensiva inscritas en el Registro General de Explotaciones Ganaderas de La Rioja que crien bovino, ovino o caprino, y a las personas físicas o jurídicas que soliciten autorizaciones de caza mayor para controlar daños en fincas agrícolas. **¿Qué cambia o establece?** Establece dos exenciones del pago de tasas: primero, exime a los ganaderos de extensiva del pago de determinadas tasas por servicios veterinarios desde la entrada en vigor de la ley hasta el 31 de diciembre de 2018; segundo, exime del pago de tasas a quienes obtengan autorizaciones de caza mayor en modalidades de rececho, aguardo o espera cuando se concedan como medida extraordinaria para controlar daños en agricultura, siendo esta exención indefinida.
💬 Contexto ciudadano
Ante los efectos devastadores del cambio climático en 2017, La Rioja aprueba esta ley como respuesta fiscal autonómica excepcional que exime tasas veterinarias y de caza a ganaderos extensivos y agricultores damnificados. Mientras la normativa estatal de Hacienda Pública establece principios generales de tributación con escaso alivio sectorial, las comunidades autónomas disponen de capacidad normativa sobre tasas propias para adoptar medidas de emergencia. Otras CCAA han implementado exenciones similares ante crisis climáticas, aunque La Rioja destaca por diferenciar el alcance temporal: limitado hasta 2018 para tasas veterinarias pero indefinido para autorizaciones de caza de control. Esta estrategia redistribuye la carga fiscal del sector primario hacia el presupuesto público regional, reconociendo la vulnerabilidad estructural de pequeños productores frente a fenómenos climáticos extremos, permitiendo al ciudadano rural preservar liquidez en contextos de pérdidas agrícolas generalizadas.