Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, por el que se regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Este Real Decreto regula cómo se debe elaborar la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, un documento que acompaña a los proyectos de leyes y decretos. Se trata de un instrumento para evaluar antes de aprobar una norma cuáles serán sus efectos económicos, sociales y medioambientales, con el objetivo de crear normas claras, eficaces y que no causen cargas innecesarias a empresas y ciudadanos. **¿A quién afecta?** Afecta a la Administración Pública en todos sus niveles, ya que la norma establece que toda propuesta legislativa y reglamentaria debe incluir esta memoria de análisis de impacto. Indirectamente afecta a ciudadanos y empresas, porque busca que las normas que se aprueben sean más simples y menos costosas de cumplir. **¿Qué cambia o establece?** Establece que toda propuesta de ley o decreto debe analizar su oportunidad, necesidad, efectos previsibles y alternativas disponibles. Introduce nuevos requisitos como el análisis jurídico en relación con el derecho de la Unión Europea, la evaluación sobre la unidad de mercado y competitividad, y la realización del Test PYME. También prevé evaluaciones posteriores a la entrada en vigor de la norma para comprobar si ha logrado sus objetivos, y permite usar memorias abreviadas en casos específicos.
💬 Contexto ciudadano
# Contexto Comparativo - Real Decreto 931/2017 El RD 931/2017 refuerza un marco de análisis normativo que España venía desarrollando desde la Ley 50/1997, ahora alineándose con los estándares europeos de "Better Regulation" impulsados por directivas y recomendaciones de la Unión Europea. Mientras comunidades autónomas como Cataluña, Galicia y Andalucía ya contaban con regulaciones propias sobre evaluación de impacto desde años anteriores, este decreto establece un estándar nacional obligatorio que, aunque es de aplicación generalizada en la Administración estatal, convive con normativas autonómicas complementarias o más ambiciosas en algunas regiones. Su aprobación por el Gobierno central fue respuesta a la necesidad de armonizar criterios tras comprobar que muchas regulaciones anteriores no evaluaban adecuadamente costes y consecuencias. Para el ciudadano y empresa, importa porque introduce exigencias concretas—como el Test PYME y análisis de competitividad—que teóricamente garantizan que las leyes nuevas serán más razonables y menos gravosas en su aplicación, aunque su efectividad depende del cumplimiento real durante el trámite administrativo.