Real Decreto 661/2025, de 22 de julio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para gastos de funcionamiento de fundaciones y asociaciones vinculadas con partidos políticos con representación en las Cortes Generales que realicen actividades de estudio y desarrollo del pensamiento político y social.
¿Qué dice esta ley?
**Subvenciones directas para fundaciones de partidos políticos** El Estado puede entregar dinero público directamente a fundaciones y asociaciones vinculadas a partidos políticos que tengan escaños en el Congreso o Senado, siempre que trabajen en investigación y análisis sobre pensamiento político y social. No hay que pasar por un concurso público: se reparte de forma directa entre las que cumplan los requisitos. Afecta a los partidos políticos con representación parlamentaria y sus fundaciones asociadas. De forma indirecta, también a los ciudadanos, como contribuyentes que financian estas actividades de estudio. Estos organismos reciben dinero para cubrir sus gastos de funcionamiento (personal, materiales, infraestructura) sin competencia pública. El cambio es que se legalizan estas subvenciones directas, estableciendo reglas claras: solo partidos con escaños, solo para investigación política y social, y con mecanismos de control sobre cómo se usan los fondos. Entra en vigor desde el 22 de julio de 2025, cuando se publica en el Boletín Oficial del Estado.
💬 Contexto ciudadano
Las fundaciones vinculadas a partidos políticos —como la Fundación Ideas (PSOE), la FAES (PP) o la Fundación Progreso y Democracia— reciben financiación pública a través de varios mecanismos: subvenciones del Estado, de las Cortes Generales y de otras administraciones. La regularización de estas subvenciones mediante Real Decreto responde a la necesidad de dotar de un marco legal transparente a lo que históricamente ha sido un canal opaco de financiación político-ideológica. La comparación con Alemania —donde la financiación de las Stiftungen vinculadas a partidos (Konrad Adenauer, Friedrich Ebert, etc.) está regulada con detalle y dotada de cantidades muy superiores— o con Francia —donde este tipo de fundaciones tienen una presencia menor— muestra que España sigue un modelo cercano al alemán, aunque con menor transparencia en la trazabilidad de los fondos.