Ley 4/2017, de 26 de septiembre, de reconocimiento y atención a las víctimas del terrorismo en Castilla y León.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Una ley que reconoce y atiende a las personas que han sufrido actos de violencia terrorista. Establece que los poderes públicos de Castilla y León tienen el deber de proteger, reparar y asistir a estas víctimas, reconociendo públicamente su sacrificio y manteniendo su memoria. La ley se basa en los principios de prevención, reparación integral, memoria, justicia, verdad y dignidad. **¿A quién afecta?** Afecta a las víctimas del terrorismo que residan en Castilla y León o que sean ciudadanos de la comunidad, independientemente de dónde haya ocurrido el atentado terrorista (en el territorio autonómico, en España o en el mundo). También afecta a las personas, instituciones y entidades que se hayan destacado por luchar contra el terrorismo o defender a sus víctimas. **¿Qué cambia o establece?** La ley establece medidas de protección y ayudas en áreas de sanidad, educación, asistencia social, vivienda, empleo público y beneficios fiscales. Crea distinciones honoríficas como medallas de reconocimiento a las víctimas. Obliga a los poderes públicos a garantizar la presencia de las víctimas en actos institucionales, realiza homenajes públicos, y designa el 27 de junio como día de recuerdo a las víctimas del terrorismo en Castilla y León, y el 11 de marzo como día europeo de las víctimas.
💬 Contexto ciudadano
La Ley 4/2017 de Castilla y León representa una iniciativa autonómica que complementa la Ley 29/2011 estatal de reconocimiento y reparación a víctimas del terrorismo, alineándose con la Directiva europea 2012/29/UE sobre derechos de las víctimas. Mientras que comunidades como el País Vasco, Cataluña y Andalucía contaban con normativas específicas previas, Castilla y León formaliza así su compromiso institucional con un enfoque integral de protección regional. Su relevancia para el ciudadano radica en garantizar reparación multisectorial (sanitaria, educativa, laboral, fiscal), reconocimiento público institucionalizado y preservación de memoria colectiva, elementos esenciales para la dignidad de víctimas y la reconstrucción de cohesión social en contextos afectados por terrorismo.