Real Decreto 898/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para la contratación de servicios de acceso de banda ancha fija de alta velocidad a 30 megabits por segundo.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Un programa de subvenciones del Gobierno que financia los costes de acceso a servicios de internet de banda ancha fija con velocidad mínima de 30 megabits por segundo en zonas donde actualmente no hay disponibilidad de este servicio o las conexiones existentes son muy lentas. El objetivo es ayudar a ciudadanos y pequeñas empresas en áreas rurales, dispersas y de baja densidad de población a contratar estos servicios de alta velocidad. **¿A quién afecta?** Afecta a ciudadanos y pequeñas empresas ubicados en zonas que no disponen de acceso a banda ancha fija con velocidad mínima de 10 megabits por segundo en sentido descendente. Especialmente beneficiados son los usuarios en áreas rurales, dispersas, de baja población y en diseminado, donde los operadores de telecomunicaciones no han desplegado sus redes y los costes de instalación son más altos que en zonas urbanas. **¿Qué cambia o establece?** Establece que el Gobierno financiará los costes de alta a servicios de banda ancha fija (equipamiento, instalación y puesta en funcionamiento) para que los usuarios puedan contratar ofertas comerciales con velocidad mínima de 30 megabits por segundo. Los operadores de telecomunicaciones que se adhieran al programa deben permitir a los beneficiarios contratar al menos una oferta a esa velocidad, sin favorecer ninguna tecnología específica.
💬 Contexto ciudadano
Antes de este real decreto, los planes de conectividad rural españoles carecían de una regulación sistemática de subvenciones directas, dejando la expansión de banda ancha a la iniciativa privada con resultados limitados en zonas de baja rentabilidad. El RD 898/2017 se alinea con la Directiva 2014/61/UE sobre costo de despliegue de redes de acceso de alta velocidad, marcos similares ya implementados en Francia (Muy Haut Débit) e Italia (Piano Nazionale Banda Larga), aunque estos países iniciaron antes sus programas sistemáticos. Esta norma estatal vincula el objetivo común europeo (30 Mbps mínimos) con financiación pública española, sin delegación competencial a las CCAA en materia de telecomunicaciones. Para el ciudadano rural, constituye un mecanismo concreto de reducción de brecha digital: transforma la conectividad de lujo en derecho subsidiado, permitiendo acceso igualitario a servicios educativos, sanitarios y económicos que en 2017 requerían velocidades superiores a las disponibles en el 25% del territorio.