Ley OrdinariaNacionalvigente

Ley 8/2017, de 27 de octubre, de supresión del Consejo Económico y Social del Principado de Asturias.

BOE-A-2017-13749Publicada: 28/11/2017COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

¿Qué dice esta ley?

**¿Qué es?** Esta ley suprime el Consejo Económico y Social del Principado de Asturias, un organismo que existía desde 1988 y que servía como órgano de consulta para asuntos económicos y sociales. La supresión se realiza para reducir gastos públicos y racionalizar la administración del Principado, eliminando los costes de mantener su estructura administrativa. **¿A quién afecta?** Afecta a los miembros del Consejo Económico y Social que pierden sus puestos, al personal funcionario y laboral que trabajaba en el organismo, y a los agentes económicos y sociales de Asturias que participaban en él. También afecta a cualquier procedimiento administrativo que requería obligatoriamente la opinión de este Consejo. **¿Qué cambia o establece?** La ley elimina todas las referencias legales que exigían la opinión del Consejo Económico y Social en los procedimientos administrativos. No obstante, establece que en los seis meses siguientes se debe crear un nuevo consejo consultivo sin coste económico, adscrito a la Consejería de Economía, para que los agentes económicos y sociales puedan participar, asesorar y proponer iniciativas, sin que los miembros reciban retribución económica alguna.

💬 Contexto ciudadano

El Consejo Económico y Social asturiano, constituido en 1988 como órgano de consulta corporatista, existía en prácticamente todas las comunidades autónomas españolas, respaldado por normativa estatal y directivas europeas de diálogo social. Su supresión representa una excepción autonómica: mientras otros CES como los de Cataluña, Castilla y León y Andalucía mantienen estructura institucional, Asturias elimina el suyo por austeridad. Aunque sustituye el órgano con un consejo voluntario sin retribución, la medida reduce significativamente la capacidad de agentes económicos y sindicales para influir institucionalmente en decisiones públicas y acceder a consultoría especializada, priorizando ahorro presupuestario.

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