Sentencia de 25 de octubre de 2017, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima en parte el recurso interpuesto contra el Real Decreto 988/2015, de 30 de octubre, por el que se regula el régimen jurídico de la obligación de financiación anticipada de determinadas obras audiovisuales europeas, y declara la nulidad del apartado 3 de su artículo 6.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Una sentencia del Tribunal Supremo de 25 de octubre de 2017 que resuelve un recurso presentado por la empresa The Walt Disney Company Iberia contra el Real Decreto 988/2015. Este decreto regulaba las obligaciones de financiación anticipada de obras audiovisuales europeas. **¿A quién afecta?** A The Walt Disney Company Iberia, S.L. y a cualquier empresa sujeta a las obligaciones de financiación anticipada de obras audiovisuales europeas establecidas en el Real Decreto 988/2015, especialmente en lo relativo a las normas contenidas en el apartado 3 del artículo 6 de ese decreto. **¿Qué cambia o establece?** La sentencia estima en parte el recurso y declara nulo el apartado 3 del artículo 6 del Real Decreto 988/2015, considerando que esa norma es contraria a Derecho. No se imponen costas procesales al recurso y se ordena publicar esta sentencia en el Boletín Oficial del Estado.
💬 Contexto ciudadano
El Real Decreto 988/2015 formalizaba en España un compromiso existente desde la Directiva 2007/65/CE (hoy refundida en la DSMA) respecto a que distribuidoras audiovisuales financiaran obras europeas, respondiendo a la protección del audiovisual comunitario frente a la concentración estadounidense en plataformas. Su apartado 3 del artículo 6 imponía criterios cuantitativos que Disney argumentó desproporcionados y contradictorios con normativa comunitaria. La sentencia de 2017 acogió parcialmente este recurso, anulando esa parte tras considerar su incompatibilidad con Derecho superior, mientras que Francia, Italia y otros Estados mantienen sistemas similares de cuota de financiación con matices propios. Para el ciudadano español el impacto fue indirecto pero relevante: la anulación flexibilizó exigencias a plataformas de streaming, afectando potencialmente a la producción audiovisual nacional que contaba con esa financiación obligatoria como fuente de ingresos para proyectos europeos de menor presupuesto.