Resolución de 2 de noviembre de 2017, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la Directriz 1/2017, de 31 de octubre, para la designación y control de organismos notificados, de control y autorizados de verificación metrológica.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Una directriz que establece los requisitos técnicos y el procedimiento que deben cumplir las entidades para ser designadas como organismos notificados, organismos de control metrológico u organismos autorizados de verificación metrológica. Estas entidades son responsables de evaluar y verificar que los instrumentos de medida cumplen con la normativa de metrología. **¿A quién afecta?** Afecta a las empresas y entidades que deseen ser designadas como organismos notificados, organismos de control metrológico u organismos autorizados de verificación metrológica, así como a la Entidad Nacional de Acreditación que evalúa sus competencias técnicas y a las administraciones públicas competentes que otorgan estas designaciones. **¿Qué cambia o establece?** Establece que la acreditación debe resolverse en un plazo máximo de seis meses, que los equipos de auditoría deben incluir un experto en metrología legal y otro en calidad, que representantes del organismo de cooperación administrativa y de la administración pública deben participar en la comisión de acreditación, y que la Entidad Nacional de Acreditación debe mantener informada a la administración pública sobre el proceso.
💬 Contexto ciudadano
La Directiva 2014/32/UE exigía organismos notificados para verificación metrológica, pero España carecía de procedimientos claramente definidos para designarlos. Esta Directriz 1/2017 colma esa laguna al establecer criterios técnicos uniformes, plazos máximos de acreditación (seis meses) y composición especializada de auditorías—requisitos que otras CCAA debían adoptar mediante protocolos dispares. Aunque es norma estatal (metrología legal es competencia central), su implementación descentralizada genera cierta variabilidad administrativa. La relevancia ciudadana es directa: asegura que las balanzas de comercios, contadores de servicios o instrumentos médicos sean verificados por entidades competentes, garantizando exactitud en transacciones comerciales y protección de derechos del consumidor en la UE sin fragmentación regulatoria.