Real Decreto 659/2025, de 22 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.
¿Qué dice esta ley?
La certificación energética es el documento que acredita cuánta energía consume un edificio y su impacto medioambiental. Este decreto actualiza los requisitos técnicos para obtenerla, modernizando cómo se calcula la eficiencia y qué información debe aparecer en los certificados. Afecta principalmente a propietarios de viviendas y locales que necesiten vender o alquilar (obligatorio desde 2013), a técnicos certificadores que emiten estos documentos, y a empresas inmobiliarias. También impacta en administraciones locales que supervisan el cumplimiento. Los cambios concretos ajustan los criterios de cálculo de la demanda energética, probable actualizando estándares técnicos de edificios, y simplifican trámites administrativos para obtener el certificado. Esto significa certificaciones más precisas, reflejando mejor la realidad de consumo energético de cada inmueble. Entra en vigor el 23 de julio de 2025, aunque las administraciones pueden establecer plazos de adaptación para los técnicos certificadores y sistemas de control.
💬 Contexto ciudadano
La certificación energética de edificios fue introducida en España en 2013 (RD 235/2013) como transposición de la Directiva de Eficiencia Energética en Edificios (EPBD, 2010). La reforma de 2021 actualizó el procedimiento básico, y la de 2025 introduce ajustes adicionales para alinearse con la nueva EPBD revisada de 2024, que exige que todos los edificios nuevos sean de emisiones cero a partir de 2030 y fija objetivos ambiciosos de renovación del parque existente. La comparación con Alemania —donde el sistema de certificación Energieausweis tiene mayor integración con el catastro y los registros de propiedad— o con los Países Bajos —donde los certificados son públicamente consultables por internet— muestra que España tiene margen de mejora en la calidad de los certificados y en la accesibilidad pública de la información energética de los inmuebles.