Real Decreto 658/2025, de 22 de julio, por el que se regulan las medidas a adoptar en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria para la protección del interés superior de la infancia y la adolescencia migrante no acompañada.
¿Qué dice esta ley?
**Qué es** Un decreto que establece procedimientos especiales cuando llega un número inesperado y muy alto de menores migrantes solos. Define cómo protegerlos en esas situaciones de crisis, priorizando su seguridad e interés superior (lo que más beneficia al menor). **A quién afecta** Principalmente a menores migrantes sin acompañante adulto, pero también a comunidades autónomas, servicios de protección de menores, fuerzas de seguridad y entidades que trabajan con infancia. Las administraciones públicas serán quienes ejecuten estas medidas. **Qué cambia** Crea un protocolo de actuación rápida para identificar, registrar y albergar a estos menores cuando el sistema normal se satura. Establece responsabilidades entre instituciones, garantiza atención básica (sanitaria, alimentación, alojamiento) y organiza cómo derivarlos a medidas de protección ordenadas. Busca evitar que caigan en situaciones de abandono o vulnerabilidad mientras se gestiona su situación legal. **Cuándo entra en vigor** Desde el 22 de julio de 2025 (fecha del decreto). Es aplicable cuando se declare una situación de contingencia migratoria extraordinaria, es decir, cuando el flujo supere la capacidad normal de respuesta.
💬 Contexto ciudadano
La gestión de menores migrantes no acompañados es uno de los desafíos más complejos del sistema de acogida español, especialmente en Canarias, Ceuta y Melilla, que han visto llegadas masivas que superan la capacidad de los sistemas de protección autonómicos. El RD 656/2025 establece un protocolo de contingencia que no existía con carácter reglamentario: hasta ahora, las respuestas dependían de instrucciones internas y acuerdos interadministrativos ad hoc. La comparación con el sistema italiano —que tiene un protocolo nacional de emergencia para menores migrantes desde 2017— o con Grecia, que recibió críticas del Defensor del Pueblo Europeo por sus respuestas improvisadas, muestra que España tarda en formalizar protocolos que en la práctica se aplican desde hace años. La norma tiene relevancia para el reparto de competencias entre Estado y CCAA, que ha sido fuente de tensión política intensa.