Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil.

💬 Contexto ciudadano

Antes de la Ley 19/2015, las competencias en materia de justicia y registro civil estaban distribuidas entre las comunidades autónomas y el Estado, lo que generaba una fragmentación normativa y una falta de armonización. La normativa estatal establecía marcos generales, pero las CCAA tenían autonomía para desarrollar su propia legislación, lo que provocaba disparidades en la aplicación de los derechos y en la eficacia del sistema. Esta situación contrastaba con el marco europeo, donde se promovía la convergencia y la coherencia en los derechos fundamentales. La importancia de esta reforma radica en su contribución a la armonización interna y en la aproximación a los estándares de la Unión Europea, mejorando la calidad y la eficiencia del sistema judicial y registral.