Ley 7/2017, de 27 de junio, de Gratuidad de los Libros de Texto y el Material Curricular de la Comunidad de Madrid.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Es una ley de la Comunidad de Madrid que garantiza la gratuidad de los libros de texto y el material curricular mediante un sistema de préstamo. La propiedad de estos materiales corresponde a la Administración educativa, que los pone a disposición de los centros escolares para que los alumnos los utilicen de forma gratuita. Este sistema sustituye el modelo de ayudas económicas directas por un banco de libros en cada centro escolar. **¿A quién afecta?** Afecta a todos los alumnos que cursen Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional Básica en centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Madrid, incluyendo los alumnos de educación especial. También implica a los centros escolares, las familias, la Administración educativa y los Consejos Escolares. **¿Qué cambia o establece?** Establece que los libros de texto y material curricular sean gratuitos mediante préstamo en lugar de compra directa. Los centros crearán bancos de libros y sistemas de préstamo supervisados por comisiones del Consejo Escolar. La ley fija un período mínimo de vigencia para los materiales, asigna su gestión a los centros para reforzar su autonomía, y financia el sistema con fondos públicos. También promueve en los alumnos valores de responsabilidad, cuidado de bienes compartidos, solidaridad y sostenibilidad ambiental.
💬 Contexto ciudadano
El sistema de préstamo de libros de texto implementado en 2017 supone un cambio respecto al modelo previo de ayudas económicas directas a familias, que generaba desigualdades en cobertura según ingresos. Esta modalidad de gratuidad mediante propiedad pública se alinea con sistemas ya desarrollados en Cataluña, País Vasco y Cantabria, aunque sin coordinación estatal: España carece de normativa uniforme, dejando discrecionalidad autonómica. La medida responde a presión comunitaria por garantizar educación accesible (Directiva 2008/48/CE), siendo la gratuidad de materiales esencial para igualar oportunidades entre alumnos. Para ciudadanos, implica eliminación de gasto educativo significativo y reducción de desigualdades por origen económico, fomentando además responsabilidad colectiva y sostenibilidad ambiental. Su relevancia radica en consolidar el derecho constitucional a educación efectivamente gratuita en etapas obligatorias.