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ResoluciónNacionalvigente

Corrección de errores de la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía.

BOE-A-2017-13985Publicada: 01/12/2017COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

¿Qué dice esta ley?

**¿Qué es?** Es una corrección de errores encontrados en la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, sobre los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía. Se trata de rectificaciones en el texto que fue publicado oficialmente, donde se corrigen palabras y frases que no decían lo que debían decir. **¿A quién afecta?** Afecta a las personas con discapacidad en Andalucía y a todas las instituciones públicas que deben aplicar esta ley, como el Consejo Andaluz de Atención a las Personas con Discapacidad y los organismos responsables de los planes de empleo y acción integral para mujeres con discapacidad. **¿Qué cambia o establece?** Se corrigen cuatro errores: el nombre del Plan de Mujeres con Discapacidad debe llamarse "Plan de Acción Integral para Mujeres con Discapacidad de Andalucía"; se añade una palabra olvidada en el artículo 22 sobre el Consejo; en el artículo 70 se cambia "Plan de empleabilidad" por "Plan de empleo"; y en el artículo 71 se especifica que se refiere al "Plan de Acción Integral para Mujeres con Discapacidad en Andalucía" y no al plan general para todas las personas con discapacidad.

💬 Contexto ciudadano

La Ley 4/2017 andaluza, aprobada hace seis años, consolidó un marco autonómico de protección más ambicioso que la normativa estatal previa, complementando la Ley 51/2003 sobre igualdad de oportunidades y adaptándose a los estándares de la Convención de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Aunque otras comunidades autónomas cuentan con legislaciones propias de similar alcance, esta corrección reviste importancia porque subsana imprecisiones que afectaban directamente la aplicación de políticas clave: diferencia ahora explícitamente entre el plan general de empleo y el específico para mujeres con discapacidad, evitando confusiones administrativas que limitaban el acceso a medidas diferenciadas. Para el ciudadano andaluz con discapacidad, estas rectificaciones garantizan que sus derechos se interpreten conforme fue legislado, reforzando la seguridad jurídica en acceso laboral y planes de acción integral, particularmente relevante en una región con aproximadamente 900.000 personas en situación de discapacidad.

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