Sentencia de 8 de noviembre de 2017, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima el recurso interpuesto y anula el Real Decreto 143/2016, de 8 de abril, que aprueba el cambio de denominación del Consejo General de los Colegios Oficiales de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Es una sentencia del Tribunal Supremo de 8 de noviembre de 2017 que anula un Real Decreto del 8 de abril de 2016. Ese decreto había aprobado cambiar el nombre del Consejo General de los Colegios Oficiales de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales. El Tribunal Supremo considera que este cambio de denominación no se ajusta a la ley. **¿A quién afecta?** Afecta al Consejo General de Ingenieros Industriales y al Colegio Nacional de Ingenieros Procedentes del Instituto Católico de Artes e Industrias (ICAI), que fueron quienes presentaron la demanda contra el decreto. También afecta a la administración pública, que debe cumplir con esta anulación. **¿Qué cambia o establece?** Establece que el Real Decreto 143/2016 queda sin efecto y anulado. Esto significa que el cambio de denominación que se había aprobado ya no es válido. Además, no se condena al pago de costas procesales a ninguna de las partes. La sentencia debe publicarse en el Boletín Oficial del Estado.
💬 Contexto ciudadano
El Real Decreto 143/2016 pretendía modificar la denominación del Consejo General de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales, cuestionada desde la creación de nuevas titulaciones en ingeniería industrial. El Tribunal Supremo anuló este cambio por vulnerar el marco normativo, reafirmando que las reformas estructurales en colegios profesionales requieren legitimación legal expresa, no discrecionalidad reglamentaria. Para el ciudadano, este fallo consolida la seguridad jurídica en el reconocimiento de titulaciones profesionales y la validez de la colegiación, evitando cambios administrativos generadores de confusión sobre la representación legítima del sector industrial. La sentencia refuerza el control jurisdiccional sobre decisiones ejecutivas en derechos profesionales regulados legalmente.