Ley 1/2025, de 3 de julio, de reforma de la Ley 4/2009, de 28 de mayo, de publicidad institucional de Castilla y León.
¿Qué dice esta ley?
**Publicidad de la administración: menos gasto, más transparencia** La Junta de Castilla y León actualiza sus reglas sobre cómo puede gastarse dinero público en anuncios y campañas institucionales. Antes funcionaba con criterios de 2009; ahora se adapta a la realidad actual para evitar derroches y exigir que los ciudadanos sepan realmente quién paga los anuncios que ven. **Afecta principalmente a la administración regional** —consejerías, organismos públicos— y también a los ciudadanos, porque controla cómo se gasta vuestro dinero en promociones. Las agencias de publicidad que trabajan con la Junta también tendrán nuevas obligaciones. **Las principales novedades** son: controles más estrictos sobre cuánto se puede gastar en publicidad sin justificación; obligación de identificar claramente que el anuncio es institucional (para que no parezca privado ni manipule); y más fiscalización (supervisión) sobre campañas políticas disfrazadas de informativas. También se mejora el acceso público a información sobre estas campañas. **Entra en vigor desde el 3 de julio de 2025.** Aunque es una reforma, algunos aspectos pueden tener plazos de adaptación que fijaría la propia Junta después. La ley es aplicable ya, pero las administraciones necesitarán tiempo para ajustar
💬 Contexto ciudadano
La publicidad institucional es un campo con alta potencialidad de abuso político: el uso de recursos públicos para campañas de comunicación que beneficien al partido gobernante ha sido señalado en España por el Tribunal de Cuentas y por organismos europeos. Castilla y León reformó en 2025 su ley de 2009, que ya intentó poner límites pero fue insuficiente. La comparación con la regulación francesa —donde la Ley del 17 de mayo de 2004 establece controles estrictos sobre publicidad institucional en períodos electorales— o con el Código de Buenas Prácticas del Consejo de Europa evidencia que España avanza en la dirección correcta aunque con ritmo desigual entre CCAA. La reforma es relevante porque Castilla y León tiene uno de los presupuestos de comunicación institucional más elevados per cápita entre las comunidades, y el escrutinio sobre su uso es mayor en contextos de minoría parlamentaria.