Resolución de 26 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se publica la tarifa de último recurso de gas natural.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Es una resolución que publica los precios de la tarifa de último recurso de gas natural. Esta tarifa es el precio máximo que pueden cobrar las empresas distribuidoras a los consumidores que tienen derecho a este suministro. La resolución establece los precios que estarán en vigor desde el 1 de enero de 2018 y también fija los precios para el gas manufacturado en islas. **¿A quién afecta?** Afecta a los consumidores de gas natural que tienen derecho al suministro de último recurso: aquellos conectados a presiones inferiores a 4 bar con consumos anuales no superiores a 50.000 kWh/año. También afecta a los consumidores de gas manufacturado en territorios insulares hasta que llegue el gas natural. Los precios se dividen en dos categorías según el consumo anual. **¿Qué cambia o establece?** Establece dos tarifas de último recurso: la TUR.1 para consumos hasta 5.000 kWh/año con un coste fijo de 4,28 euros al mes y variable de 5,371476 céntimos/kWh, y la TUR.2 para consumos entre 5.000 y 50.000 kWh/año con coste fijo de 8,44 euros al mes y variable de 4,684076 céntimos/kWh. Para territorios insulares establece cuatro tarifas adicionales según diferentes rangos de consumo. Estos precios sin impuestos son válidos desde el 1 de enero de 2018.
💬 Contexto ciudadano
La tarifa de último recurso (TUR) de gas natural representa el mecanismo de protección más directo para consumidores vulnerables en el marco de la liberalización del mercado gasista español desde 1998. Antes de 2017, existían tarifas reguladas similares, pero con revisiones frecuentes; esta resolución continúa el sistema obligatorio que España mantiene, a diferencia de países como Reino Unido o Irlanda que eliminaron progresivamente sus tarifas reguladas. La UE exige en la Directiva 2009/72/CE que los Estados garanticen suministro protegido a clientes vulnerables, lo que España cumple mediante la TUR; sin embargo, otras CCAA carecen de regulaciones adicionales más protectoras. Para el ciudadano con bajo consumo o en territorios insulares, importa porque asegura un precio máximo garantizado, estabilidad frente a volatilidad de mercado y continuidad del suministro básico, evitando exclusión energética de población vulnerable.