Ley 6/2017, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley 3/2013, de 24 de julio, por la que se aprueba el Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía 2013-2017.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Esta ley modifica el Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía que estaba vigente desde 2013. Se trata de una norma que actualiza el instrumento con el que la Junta de Andalucía planifica y organiza sus actividades de estadística y cartografía, es decir, la recopilación de datos y la elaboración de mapas oficiales. **¿A quién afecta?** Afecta a la Comunidad Autónoma de Andalucía y a sus organismos públicos que producen estadísticas y cartografía. También afecta indirectamente a cualquier ciudadano o entidad que utilice las estadísticas y mapas oficiales que genera la administración andaluza, así como a nivel europeo y nacional, ya que Andalucía participa en la elaboración de estadísticas para toda España y la Unión Europea. **¿Qué cambia o establece?** La ley extiende la vigencia del plan desde el 31 de diciembre de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2020, haciéndolo coincidir con los programas estadísticos europeo y nacional, y con los planes de financiación de la región. Además, cambia el nombre del plan de "2013-2017" a "2013-2020". Algunos artículos del plan mantendrán vigencia indefinida, y si no hay un nuevo plan listo para enero de 2021, este se prorrogará automáticamente.
💬 Contexto ciudadano
# Contexto Comparativo Antes de 2017, Andalucía operaba bajo el Plan Estadístico y Cartográfico 2013-2017, un instrumento estándar de planificación de datos que, como el resto de comunidades autónomas españolas, debía alinearse con los estándares europeos del Sistema Estadístico Europeo. Esta ley simplemente extiende la vigencia del plan hasta 2020, armonizando el calendario andaluz con los programas estadísticos nacionales y europeos, una práctica común en todas las CCAA. La modificación responde a la necesidad de sincronización administrativa más que a cambios sustantivos en competencias o metodología. Para el ciudadano importa porque garantiza continuidad en la disponibilidad de datos confiables sobre la región —empleados en políticas públicas, estudios de mercado y decisiones empresariales—, evitando vacíos informativos que podrían afectar la transparencia y el diseño de programas sociales y económicos en Andalucía.