Real Decreto 770/2025, de 2 de septiembre, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial en lo relativo al régimen de contratación de los profesionales habilitados.
¿Qué dice esta ley?
**Qué cambia en la contratación de expertos en seguridad industrial** Las empresas podrán contratar de forma más flexible a los profesionales que verifican que sus instalaciones cumplen las normas de seguridad (ingenieros técnicos y especialistas acreditados). Hasta ahora había restricciones sobre cómo hacerlo; ahora se simplifica el proceso. **Quién lo nota** Principalmente las empresas medianas y grandes que tienen calderas, depósitos de presión, ascensores u otras instalaciones que requieren inspección obligatoria. También los autónomos e ingenieros que ofrecen estos servicios de revisión y certificación verán más oportunidades de trabajo. **Lo concreto: qué se facilita** Se elimina papeleo y requisitos burocráticos innecesarios en la contratación. Las empresas ganan flexibilidad para elegir a sus inspectores sin tantos trámites administrativos previos. Los profesionales habilitados (aquellos con la formación y licencia requerida) tendrán un acceso más directo al mercado sin barreras administrativas que antes existían. **Cuándo aplica** Entra en vigor el 2 de septiembre de 2025. Las empresas pueden aplicar estas nuevas reglas inmediatamente para nuevas contrataciones o renovaciones de acuerdos con profesionales de seguridad industrial.
💬 Contexto ciudadano
La regulación de los profesionales habilitados en seguridad industrial —inspectores de instalaciones de alta tensión, presión, ascensores o instalaciones de gas— se articula en España a través de los organismos de control autorizados (OCA) y los organismos notificados, en transposición de las directivas europeas de nueva aproximación. La reforma de 2025 simplifica la contratación de estos técnicos por las empresas, reduciendo barreras burocráticas que en algunos casos obligaban a procesos de homologación redundantes cuando los profesionales ya disponían de habilitación administrativa vigente. La comparación con Alemania —donde el TÜV y similares operan con mayor flexibilidad contractual dentro de un marco de acreditación estricto— o con los notified bodies de la UE muestra que España puede mantener el rigor técnico con menos burocracia procedimental. Para el sector industrial, la reforma reduce costes de cumplimiento sin mermar la seguridad de las instalaciones.