Real Decreto-leyNacionalvigente

Real Decreto-ley 13/2017, de 7 de julio, por el que se aprueba una oferta de empleo público extraordinaria y adicional para el refuerzo de la lucha contra el fraude fiscal, en la Seguridad Social, en el ámbito laboral y del control del gasto, para la mejora en la prestación de determinados servicios a los ciudadanos, y por el que se crean especialidades en Cuerpos y Escalas de la Administración del Estado y sus organismos públicos.

BOE-A-2017-7977Publicada: 08/07/2017JEFATURA DEL ESTADO

¿Qué dice esta ley?

═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Real Decreto-ley 13/2017, de 7 de julio, por el que se aprueba una oferta de emp ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════ 1. **QUÉ RESUELVE** El Real Decreto-ley 13/2017 crea 4282 plazas adicionales en la Administración Pública para reforzar la lucha contra el fraude fiscal, laboral y en la Seguridad Social, así como mejorar la prestación de servicios a los ciudadanos. 2. **CONTEXTO** Este real decreto-ley fue aprobado en un contexto de necesidad de reforzar la estabilidad presupuestaria y financiera del Estado. La Constitución obliga a las Administraciones Públicas a actuar con estabilidad presupuestaria, lo cual es clave para la confianza económica y el empleo. En este marco, se busca incrementar la eficiencia en la recaudación de ingresos públicos y mejorar la atención a servicios esenciales como el documento nacional de identidad y los permisos de conducción. 3. **CONTENIDO JURÍDICO** El Real Decreto-ley 13/2017, de 7 de julio de 2017, establece una oferta de empleo público extraordinaria y adicional con el objetivo de reforzar la lucha contra el fraude fiscal, laboral y en la Seguridad Social, así como mejorar la prestación de servicios a los ciudadanos. La norma se fundamenta en el principio constitucional de estabilidad presupuestaria, que exige a las Administraciones Públicas actuar con eficiencia y transparencia en la asignación de recursos. Este principio es fundamental para generar confianza en la economía, consolidar el crecimiento y generar empleo. El real decreto-ley crea un total de 4282 plazas adicionales, de las cuales 3832 son de turno libre. De estas, 2026 plazas se destinan a reforzar la tasa de reposición prevista en el artículo 19.Uno.2.E), P) y S) de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017. Estas plazas se distribuyen en distintas especialidades, entre ellas el Cuerpo de Gestión de la Administración Pública, con especialidad en Tráfico, que incluye cupos generales y para personas con discapacidad. La norma establece que las plazas correspondientes al ejercicio de 2017 son adicionales a las previstas en la Oferta de Empleo Público para ese año, mientras que las plazas de 2018 se computarán en la tasa de reposición de la Administración General del Estado. Además, el real decreto-ley establece que los procesos selectivos para la cobertura de las plazas autorizadas para los ejercicios 2017 y 2018 se efectuarán conforme a las previsiones del real decreto por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2017. Para las convocatorias de 2018, se aplicarán las normas vigentes en el momento de su aprobación. Finalmente, el real decreto-ley entra en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado. 4. **CONCLUSIÓN SIMPLE** El Real Decreto-ley 13/2017 crea plazas adicionales en la Administración Pública para reforzar la lucha contra el fraude y mejorar servicios públicos. Las plazas se distribuyen en distintas especialidades y se regirán por normas vigentes. La norma entra en vigor al día siguiente de su publicación. 5. **PUNTOS CLAVE** ✅ **Creación de 4282 plazas adicionales** para reforzar la lucha contra el fraude y mejorar servicios públicos. ⚠️ **Las plazas de 2017 son adicionales a las previstas en el presupuesto de 2017**. 📋 **Los procesos selectivos se regirán por normas vigentes en el momento de su convocatoria**. ℹ️ **El real decreto-ley entra en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE**. 6. **FICHA** - **Jurisdicción**: Nacional - **Fuente**: Boletín Oficial del Estado - **Tipo**: Real Decreto-ley - **Fecha**: 7 de julio de 2017 - **Materias**: Empleo público, fraude fiscal, Seguridad Social, servicios públicos - **Relevancia**: ALTA - **Palabras clave**: empleo público, fraude fiscal, Seguridad Social, servicios públicos, Real Decreto-ley 13/2017 ────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

💬 Contexto ciudadano

Antes del Real Decreto-ley 13/2017, las CCAA y la Administración estatal ya contaban con estructuras de empleo público para la gestión de servicios públicos, pero no existía una oferta específica destinada al refuerzo contra el fraude fiscal y laboral. La UE, por su parte, establecía marcos generales de transparencia y eficiencia en la gestión pública, pero no regulaba directamente la creación de plazas adicionales en este ámbito. La importancia de este real decreto radica en que introduce una medida concreta y urgente para reforzar la lucha contra el fraude, alineándose con los principios de estabilidad presupuestaria y eficiencia pública vigentes en el Estado y en la UE.

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