Real Decreto 6/2018, de 12 de enero, por el que se crea la Comisión Interministerial para la incorporación de criterios ecológicos en la contratación pública.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** La Contratación Pública Ecológica (CPE) es el proceso mediante el cual las autoridades públicas adquieren mercancías, servicios y obras buscando reducir su impacto medioambiental durante todo su ciclo de vida, en comparación con productos equivalentes. Es una herramienta para alcanzar objetivos de cambio climático, uso racional de recursos y consumo sostenible. **¿A quién afecta?** Afecta a las Administraciones Públicas del Sector Público Estatal en sus compras y contrataciones. También impacta a las empresas, especialmente a pequeñas y medianas empresas (PYMES), que participan en licitaciones públicas, ya que deberán considerar criterios ecológicos. La contratación pública representa casi el 20% del PIB de la Unión Europea, lo que amplifica su alcance. **¿Qué cambia o establece?** Se crea la Comisión Interministerial para incorporar criterios ecológicos en la contratación pública. Se establecen principios y requisitos de eficiencia energética para que las Administraciones Públicas adquieran bienes, servicios y edificios con menores impactos ambientales. Se alinea la contratación pública con objetivos de economía circular, sostenibilidad económica y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, usando el gasto público para impulsar cambios en los modelos de producción y consumo.
💬 Contexto ciudadano
Antes del Real Decreto 6/2018, la contratación pública ecológica en España funcionaba de manera descentralizada y sin coordinación interministerial: algunas comunidades autónomas como Cataluña y Euskadi ya aplicaban criterios ambientales avanzados, mientras que otras prácticamente los ignoraban. La Unión Europea llevaba años impulsando esta transformación mediante la Directiva 2014/24/UE, que requería integrar sostenibilidad en la contratación pública, pero España carecía de un mecanismo estatal coordinado para implementarla. Este Decreto introduce esa estructura centralizada mediante una Comisión Interministerial, alineando la política nacional con el marco europeo y reduciendo la fragmentación territorial. Para el ciudadano, esto representa un cambio fundamental: el gasto público (casi el 20% del PIB europeo) comienza a actuar como palanca para reorientar mercados hacia la sostenibilidad, lo que incide indirectamente en precios, innovación empresarial y modelos productivos, acelerando la transición ecológica más allá de lo que podrían lograr solo las regulaciones tradicionales de contaminación.