Protocolo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Serbia para la aplicación del Acuerdo entre la República de Serbia y la Comunidad Europea sobre la readmisión de personas que residen sin autorización (Protocolo de Aplicación), hecho en Luxemburgo el 9 de julio de 2015.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Un protocolo de aplicación que establece las reglas prácticas entre España y Serbia para ejecutar un acuerdo anterior sobre readmisión. Regula cómo España puede solicitar que Serbia readmita a personas que son nacionales serbios y residen sin autorización en territorio español. **¿A quién afecta?** A personas nacionales de Serbia que se encuentren ilegalmente en España y sean objeto de readmisión, y a las autoridades administrativas y diplomáticas de ambos países encargadas de procesar estas solicitudes: el Ministerio del Interior y Policía española, el Ministerio del Interior serbio, los consulados españoles en Serbia y la embajada de Serbia en España. **¿Qué cambia o establece?** Fija los contactos oficiales y horarios para presentar solicitudes de readmisión, establece que las transferencias se hagan por el aeropuerto de Belgrado o aeropuertos españoles, determina que la comunicación sea en inglés, define formularios y procedimientos para solicitudes y respuestas con plazos específicos (dos a quince días según el tipo), autoriza el uso de huellas dactilares para identificar nacionales serbios, y regula las entrevistas consulares para verificar nacionalidad cuando falten documentos.
💬 Contexto ciudadano
El Protocolo de 2015 formaliza procedimientos operativos para la readmisión de ciudadanos serbios sin autorización en España, dentro del marco comunitario de control migratorio de la Directiva de Retorno (2008/115/CE). Aunque existían mecanismos diplomáticos previos, esta norma introduce procesos acelerados con plazos definidos (dos a quince días), criterios biométricos y contactos oficiales formalizados, comparables a acuerdos similares que España mantiene con otros terceros países. Para el ciudadano hispano, su importancia radica en optimizar la devolución de migrantes irregulares y reforzar la seguridad migratoria; para el nacional serbio afectado, supone procedimientos expeditos pero con menores garantías procesales que un proceso ordinario.