Auto de 14 de noviembre de 2018, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que rectifica el error material advertido en la parte dispositiva de la sentencia de 22 de octubre de 2018, recaída en el recurso de casación número 4900/2017, en el sentido de que donde dice: "Real Decreto 828/1995, de 25 de mayo", debe decir: "Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo".
¿Qué dice esta ley?
═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Auto de 14 de noviembre de 2018, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que re ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════ 1. **QUÉ RESUELVE** El Tribunal Supremo corrige un error material en la parte dispositiva de una sentencia de casación, sustituyendo la fecha del Real Decreto 828/1995 de 25 de mayo por 29 de mayo. 2. **CONTEXTO** El auto surge del recurso de casación número 4900/2017 interpuesto por la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas Vaciamadrid, S. A., contra una sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El caso se relaciona con una liquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en una escritura de préstamo hipotecario. El Tribunal Supremo dictó una sentencia el 22 de octubre de 2018, que fue posteriormente corregida el 14 de noviembre de 2018. 3. **CONTENIDO JURÍDICO** El auto de 14 de noviembre de 2018, dictado por la Sala Tercera Sección Segunda del Tribunal Supremo, corrige un error material en la parte dispositiva de la sentencia de 22 de octubre de 2018, que se había dictado en el marco del recurso de casación número 4900/2017. El error consiste en la mención incorrecta de la fecha del Real Decreto 828/1995, que se mencionaba como de 25 de mayo, cuando en realidad fue aprobado el 29 de mayo. La corrección se efectúa sustituyendo el texto del ordinal cuarto del fallo, que anulaba el número 2 del artículo 68 del reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo. La Sala considera que la expresión “cuando se trate de escrituras de constitución de préstamo con garantía se considerará adquirente al prestatario” es contraria a la ley. Este error material no afecta el contenido sustancial de la sentencia, ya que se trata de una corrección de un error tipográfico o de redacción. El Tribunal Supremo no modifica la decisión principal de la sentencia, sino que corrige únicamente el error en la redacción del dispositivo. La corrección se realiza mediante el sustitutivo del ordinal cuarto del fallo, que se incorpora al dispositivo del auto. El auto se firma por los magistrados Nicolás Maurandi Guillén, José Díaz Delgado, Ángel Aguallo Avilés, Francisco José Navarro Sanchís, Jesús Cudero Blas y Dimitry Berberoff Ayuda. La corrección se realiza en el marco del derecho procesal, específicamente en el ámbito de la rectificación de errores materiales en sentencias judiciales. El Tribunal Supremo, al corregir este error, cumple con su función de garantizar la exactitud y la claridad de las decisiones judiciales, evitando que errores de redacción puedan generar confusiones o interpretaciones erróneas. Este tipo de corrección es habitual en el derecho español, especialmente en el ámbito de la jurisprudencia, donde se busca mantener la integridad y la precisión de las decisiones judiciales. La corrección no implica un cambio en el fondo de la decisión, sino una corrección formal que no afecta el resultado del caso. Por lo tanto, el auto no modifica la decisión principal de la sentencia, sino que corrige un error en su redacción. 4. **CONCLUSIÓN SIMPLE** El Tribunal Supremo corrige un error de redacción en la fecha del Real Decreto 828/1995 en una sentencia de casación. La corrección no afecta el contenido sustancial de la decisión, sino solo su redacción. El auto se dicta para garantizar la precisión de la jurisprudencia. 5. **PUNTOS CLAVE** ✅ **Corrección de error material**: El Tribunal Supremo corrige un error en la fecha del Real Decreto 828/1995. ⚠️ **No afecta el contenido sustancial**: La corrección no modifica la decisión principal, solo su redacción. 📋 **Rectificación formal**: Se trata de una corrección formal, no de un cambio en la doctrina jurisprudencial. ℹ️ **Relevancia en la jurisprudencia**: Muestra la importancia de la precisión en la redacción de las sentencias judiciales. 6. **FICHA** - **Jurisdicción**: Nacional - **Fuente**: Auto del Tribunal Supremo - **Tipo**: Auto de rectificación - **Fecha**: 14 de noviembre de 2018 - **Materias**: Derecho tributario, derecho procesal, derecho administrativo - **Relevancia**: ALTA - **Palabras clave**: Tribunal Supremo, error material, Real Decreto 828/1995, rectificación, sentencia de casación, derecho tributario, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados ────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. 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💬 Contexto ciudadano
Antes de este auto, la normativa estatal y autonómica sobre el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP/AJD) se regía principalmente por el Real Decreto 828/1995, sin una fecha precisa en su publicación. Este error, corregido por el Tribunal Supremo, resalta la importancia de la precisión en la citación de normas, ya que una fecha incorrecta podría afectar la aplicación correcta de la normativa, tanto a nivel estatal como autonómico, influyendo en la determinación de obligaciones tributarias y en la interpretación de los derechos de los contribuyentes.