Decreto-ley 13/2025, de 1 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de escolarización a partir del curso 2025-2026.
¿Qué dice esta ley?
**Decreto-ley 13/2025: Cambios en la escolarización desde 2025-2026** El gobierno acelera cambios en cómo se asignan plazas escolares y se organizan los centros educativos. Busca resolver problemas de sobrecarga en algunos colegios, falta de plazas en otros y desajustes entre la oferta y la demanda de escuelas en diferentes zonas. Afecta principalmente a familias con hijos en edad escolar, especialmente en zonas urbanas saturadas. También impacta a directores y gestores de centros públicos y privados que deberán aplicar nuevos criterios de admisión. Las administraciones educativas (consejerías) tendrán que reorganizar la distribución de alumnado. Introduce cambios concretos: revisión de los criterios para acceder a plazas escolares, probablemente ajustando prioridades según proximidad al domicilio u otros factores; posible redistribución del alumnado entre centros para equilibrar matrículas; y modificaciones en cómo funciona la demanda de admisión. El objetivo es que haya más equidad: menos colegios abarrotados y mejor aprovechamiento de plazas desocupadas. Entra en vigor desde el curso 2025-2026, es decir, a partir de septiembre de 2025. Como es un decreto-ley (tramitación rápida),
💬 Contexto ciudadano
La crisis de escolarización en España es un fenómeno urbano concentrado en grandes ciudades y sus áreas metropolitanas, donde la presión demográfica —agravada por la inmigración— genera listas de espera y saturación de centros públicos mientras algunos privados y concertados tienen plazas vacías. El decreto-ley catalán de 2025 intenta resolver desequilibrios territoriales que la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE, 2020) abordó a nivel nacional pero con desarrollo autonómico desigual. La comparación con el sistema francés de sectorización escolar —más rígido pero más equitativo en la distribución del alumnado— y con el sistema nórdico de libre elección con compensaciones a los centros con alumnado vulnerable plantea el dilema central: más libertad de elección familiar genera más segregación escolar, mientras que más asignación administrativa genera más resistencia política. Cataluña busca un equilibrio que ningún sistema ha resuelto de forma satisfactoria.