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ResoluciónNacionalvigente

Corrección de errores de la Ley 27/2018, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat.

BOE-A-2019-8789Publicada: 13/06/2019COMUNITAT VALENCIANA

¿Qué dice esta ley?

═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Corrección de errores de la Ley 27/2018, de 27 de diciembre, de medidas fiscales ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════ 1. **QUÉ RESUELVE** La Resolución corrige errores tipográficos y redaccionales en la Ley 27/2018, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat. 2. **CONTEXTO** La Ley 27/2018 fue publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 39, de 14 de febrero de 2019. Durante su tramitación, se detectaron diversas erratas en su texto. Para garantizar la exactitud y el cumplimiento legal, se emitió una Resolución de corrección de errores. Esta Resolución fue publicada en el «Diario Oficial de la Generalitat Valencian» número 8.549, de 16 de mayo de 2019. 3. **CONTENIDO JURÍDICO** La Resolución corrige errores en diversos artículos y capítulos de la Ley 27/2018, con el objetivo de corregir errores de redacción, tipográficos y referencias legales. En el artículo 67, se corrige el término «incapaces intelectual y emocionalmente de comprender el alcance la intervención» por «capaces intelectual y emocionalmente de comprender el alcance de la intervención». Esta corrección busca evitar malentendidos en la aplicación de la norma, especialmente en casos relacionados con personas menores emancipadas o mayores de dieciséis años con discapacidad intelectual o emocional. En el artículo 72, se corrige la redacción de la letra «a)» para que indique «o norma que la sustituya» en lugar de «que forma parte del sector público instrumental de la Generalitat, o norma que la sustituya». Esta corrección asegura que la norma se refiera correctamente a la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones. En el artículo 105, se corrige la referencia a la «disposición adicional tercera» por «disposición final tercera» de la Ley 10/2018, de 18 de mayo, de la Generalitat, de creación del Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana. Esta corrección es fundamental para garantizar que la derogación se refiera correctamente a la norma vigente. En el capítulo VI del título III, se corrige el título del capítulo, pasando de «prevención y lucha contra el fraude y la corrupción de la Comunitat Valenciana» a «la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana». Esta corrección refleja la denominación oficial de la entidad. En el artículo 107, se corrige la redacción del título del artículo, indicando que se modifica la Ley 11/2016, de 28 de noviembre, de la Generalitat, de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana. Además, se corrige la numeración del nuevo apartado del artículo 14, pasando de «3.» a «III.», para mantener la coherencia en la numeración de los apartados. Estas correcciones son esenciales para garantizar la precisión jurídica y la correcta aplicación de la norma, evitando ambigüedades o errores que podrían afectar el cumplimiento de las obligaciones legales derivadas de la Ley 27/2018. 4. **CONCLUSIÓN SIMPLE** La Resolución corrige errores en la Ley 27/2018 para garantizar su correcta aplicación. Las correcciones afectan a diversos artículos y capítulos, incluyendo referencias a leyes anteriores y denominaciones institucionales. Estas modificaciones son necesarias para mantener la precisión jurídica y evitar malentendidos. 5. **PUNTOS CLAVE** ✅ Corrección de errores en la Ley 27/2018 para garantizar su correcta aplicación. ⚠️ Las erratas afectan a artículos clave como el 67, 72, 105 y 107, así como al título del capítulo VI. 📋 Las correcciones incluyen cambios en la redacción de términos y referencias a leyes anteriores. ℹ️ La Resolución fue publicada en el «Diario Oficial de la Generalitat Valencian» el 16 de mayo de 2019. 6. **FICHA** - **Jurisdicción**: Valenciana - **Fuente**: Resolución de corrección de errores - **Tipo**: Resolución - **Fecha**: 16 de mayo de 2019 - **Materias**: Derecho administrativo, derecho financiero, derecho fiscal, derecho local - **Relevancia**: ALTA ────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. Estructura editorial y taxonomía: © Susan Cabot SLU 2026 El documento original resumido es de dominio público conforme a la normativa de propiedad intelectual aplicable. Este resumen no constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act — art. 50 (contenido sintético) ──────────────────────────────────────────────────────────────────

💬 Contexto ciudadano

Antes de la Corrección de Errores de la Ley 27/2018, existían normas estatales y autonómicas que regulaban aspectos fiscales, administrativos y de organización, pero con lagunas y ambigüedades. La Ley 27/2018, publicada en 2019, buscaba armonizar estas normas, aunque contenía errores de redacción que generaban incertidumbre. La corrección de errores, emitida posteriormente, busca precisar el texto legal para garantizar su correcta aplicación, especialmente en materias como la intervención en personas con discapacidad, donde la claridad es crucial para evitar conflictos jurídicos. Esta norma refleja la evolución del sistema legal español hacia una mayor precisión y coherencia entre las CCAA y el Estado.

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