Ley 10/2017, de 31 de octubre, de modificación de la Ley 7/2017, de 27 de junio, de Gratuidad de los Libros de Texto y el Material Curricular de la Comunidad de Madrid.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Esta ley modifica una ley anterior sobre libros de texto gratuitos en Madrid. La Comunidad de Madrid descubrió problemas de redacción en la ley original (de 2017) que dificultaban su aplicación, por eso aprobó esta ley para corregir esas inconsistencias y asegurar que el sistema funcione correctamente. **¿A quién afecta?** Afecta a los estudiantes de educación obligatoria en Madrid, sus familias, los colegios (públicos y privales concertados), y la Administración educativa de Madrid que financia el sistema. **¿Qué cambia o establece?** Define con claridad qué son los libros de texto (pueden ser impresos o digitales) y el material curricular necesario. Los libros impresos no pueden tener espacios para que los estudiantes escriban o dibujen (excepto en los dos primeros cursos de primaria y para alumnos con necesidades especiales). Los libros digitales deben poderse descargar para usarlos sin internet. Establece que la participación en el sistema de préstamo es voluntaria para familias y colegios. Crea una comisión de gestión en cada centro escolar y fija cómo se financia anualmente el sistema: la Administración aporta un dinero mínimo por alumno según su nivel educativo. Si sobra dinero, se reserva para gastos futuros de libros.
💬 Contexto ciudadano
Antes de la Ley 7/2017, Madrid carecía de un marco normativo específico garantizando la gratuidad de libros de texto, dejando esta carga fundamentalmente a las familias. La modificación de 2017 responde a deficiencias redaccionales que impedían su correcta implementación, consolidando un sistema que otras comunidades autónomas (País Vasco, Cataluña, Andalucía) ya habían desarrollado con enfoques variados. Sin embargo, España carece de norma estatal que obligue a la gratuidad de libros, siendo esta competencia autonómica bajo el marco constitucional. Las directivas europeas (Objetivo de Desarrollo Sostenible de acceso educativo equitativo) respaldan iniciativas de este tipo, aunque sin carácter vinculante. La relevancia ciudadana radica en que la ley Madrid materializa el principio de educación inclusiva y acceso equitativo, eliminando barreras económicas para familias vulnerables, mientras establece estándares claros sobre formatos (impresos y digitales) y participación voluntaria en préstamo, diferenciándose de otras CCAA que mantienen enfoques más variados o limitados.