Real DecretoNacionalvigente

Real Decreto 93/2018, de 2 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 948/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos.

BOE-A-2018-3437Publicada: 13/03/2018MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES

¿Qué dice esta ley?

**¿Qué es?** Este decreto modifica las normas que regulan la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, un organismo público que trabaja con los juzgados y tribunales para localizar, recuperar, proteger y vender bienes, dinero e instrumentos que provienen de delitos cometidos por organizaciones criminales. **¿A quién afecta?** Afecta principalmente al funcionamiento interno de la Administración Pública. Los ciudadanos no reciben nuevas obligaciones, pero pueden ser afectados indirectamente cuando la Oficina gestiona bienes que les han sido incautados o embargados en procesos penales. **¿Qué cambia o establece?** El decreto aclarifica y amplía el funcionamiento de la Oficina. Permite que actúe no solo cuando lo ordena un juez o lo pide el Fiscal, sino también en la fase de ejecución de condenas, a petición del representante legal de los juzgados. Excluye de su competencia los bienes que sirven únicamente para pagar multas. También desarrolla mejor los procedimientos para vender bienes decomisados, decidir quién puede usarlos, destruir los que no sirvan, y define con claridad las funciones del director de la Oficina.

💬 Contexto ciudadano

El Real Decreto 93/2018 modifica un marco regulatorio que antes de 2015 carecía de estructura centralizada para gestionar bienes decomisados. La ampliación de competencias de la ORGA durante la ejecución de condenas se alinea con las directivas europeas de recuperación de activos, especialmente la Directiva 2014/42/UE vinculante para todos los Estados miembros. A diferencia de otras CCAA sin competencias propias en este ámbito estatal, la ORGA opera bajo supervisión judicial y parlamentaria. Esta modificación importa al ciudadano porque mejora la recuperación de fondos públicos desviados por el crimen organizado y refuerza garantías procedimentales, minimizando arbitrariedad administrativa.

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