Real Decreto 72/2018, de 19 de febrero, por el que se regula la concesión directa de subvenciones al Consejo General de la Abogacía Española y al Consejo General de los Procuradores de España en materia de prestación de asistencia jurídica gratuita y al Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos para la asistencia psicológica a las víctimas de los delitos, para el ejercicio presupuestario 2018.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** El Real Decreto 72/2018 es una norma que autoriza al Estado a dar dinero público directamente a tres organizaciones: el Consejo de Abogados, el Consejo de Procuradores y el Consejo de Psicólogos. Este dinero sirve para que estas organizaciones presten servicios gratuitos de asesoramiento legal y atención psicológica durante el año 2018. **¿A quién afecta?** Afecta a cualquier ciudadano que no tenga dinero para pagar un abogado y necesite ir a los tribunales. Especialmente protege a grupos más vulnerables: mujeres víctimas de violencia de género, víctimas de terrorismo, personas víctimas de trata de seres humanos, menores de edad, y personas con problemas de salud mental. También afecta a todas las víctimas de delitos que necesiten ayuda psicológica. **¿Qué cambia o establece?** La norma establece que el Estado financiará la asistencia jurídica gratuita a través de los Colegios de Abogados y Procuradores, y la asistencia psicológica a través del Colegio de Psicólogos. Obliga a los Colegios de Abogados a asesorar gratis a quien lo solicite y a ayudarle a completar los formularios. Garantiza que estos servicios continúen sin interrupciones para que nadie pierda su derecho a la justicia por falta de dinero.
💬 Contexto ciudadano
Antes del RD 72/2018, España disponía de sistemas fragmentarios de asistencia jurídica gratuita a través de los Colegios de Abogados, pero esta norma consolida y amplía el financiamiento estatal directo para 2018, alineándose con la Directiva 2003/8/CE de la UE sobre derecho a asistencia legal para personas sin recursos. Aunque la mayoría de Comunidades Autónomas implementan sistemas similares mediante sus Colegios profesionales, el Estado centraliza mediante este decreto la financiación conjunta de abogados, procuradores y psicólogos para víctimas de delitos. Esta medida reviste importancia crítica para ciudadanos de rentas bajas en acceso a justicia, en especial mujeres víctimas de violencia de género, terrorismo o trata, garantizando que la capacidad económica no determine el ejercicio del derecho fundamental a defensa legal.