Resolución de 22 de marzo de 2018, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se publica la tarifa de último recurso de gas natural.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Es una resolución que establece y publica los precios del gas natural que pueden aplicar las empresas distribuidoras a los clientes residenciales y pequeños consumidores. Estos precios se llaman "tarifa de último recurso" y son fijados por el Estado para proteger a usuarios pequeños. **¿A quién afecta?** Afecta a consumidores de gas natural conectados a la red con bajo consumo: aquellos que usan 5.000 kWh anuales o menos, y aquellos entre 5.000 y 50.000 kWh anuales. También afecta a usuarios de territorios insulares que reciben gases manufacturados en lugar de gas natural. **¿Qué cambia o establece?** Establece los precios en vigor desde el 1 de abril de 2018. Fija un precio fijo mensual por cliente y un precio variable por kilovatio hora consumido: para usuarios con consumo anual de hasta 5.000 kWh, 4,28 euros mensuales más 5,16 céntimos por kWh; para usuarios entre 5.000 y 50.000 kWh anuales, 8,44 euros mensuales más 4,47 céntimos por kWh. En territorios insulares establece cuatro categorías tarifarias según el consumo anual.
💬 Contexto ciudadano
La tarifa de último recurso de gas natural representa la continuidad del sistema estatal de protección de consumidores vulnerables, aunque su metodología ha evolucionado significativamente desde el anterior sistema de precios de referencia. Esta regulación, de aplicación uniforme en territorio nacional bajo la competencia del Estado, materializa la directiva europea de protección de consumidores finales estableciendo márgenes fijos que evitan especulación en segmentos de bajo consumo. Mientras la normativa vasca y catalana ha buscado mecanismos propios complementarios, la resolución estatal constituye el piso mínimo garantizado para usuarios residenciales y pequeños comercios, siendo especialmente relevante para ciudadanos en territorios insulares donde la fijación de precios evita distorsiones por costes logísticos. Su importancia radica en que protege a los consumidores más vulnerables ante volatilidad de mercados mayoristas, garantizando acceso asequible a un suministro esencial con certeza de costos mensuales.