Decreto-ley 12/2025, de 3 de junio, para aumentar la resiliencia del suministro eléctrico en Cataluña.
¿Qué dice esta ley?
**Qué es** El Govern de Cataluña aprueba medidas de emergencia para que la red eléctrica sea más resistente ante crisis o fallos. En la práctica, autoriza inversiones rápidas en infraestructuras, almacenamiento de energía y conexiones entre zonas para evitar apagones. **A quién afecta** Principalmente a empresas distribuidoras de electricidad y operadores de redes que deberán ejecutar estas obras. También impacta a ciudadanos y negocios catalanes, que tendrán más garantías de suministro continuo, aunque posiblemente paguen parte de estas inversiones en las facturas. **Qué cambia** Se acelera la tramitación administrativa para obras críticas (permisos más rápidos, menos trámites). Se pueden destinar fondos públicos a proyectos de almacenamiento (baterías, bombeo) y refuerzo de líneas de conexión entre comarcas. Las empresas energéticas tienen mayor flexibilidad para actuar ante emergencias sin esperar autorizaciones tradicionales. **Cuándo** Entra en vigor inmediatamente (3 de junio de 2025). Es un decreto-ley, una figura legal excepcional que permite gobernar sin pasar por el Parlamento cuando hay situación de urgencia, aunque después debe validarse en el legislativo.
💬 Contexto ciudadano
La resiliencia del sistema eléctrico catalán ha sido objeto de atención desde el gran apagón de 2003 que dejó sin luz a millones de hogares. La dependencia de Cataluña de las interconexiones con Francia y el resto de España ha sido señalada reiteradamente por Red Eléctrica como un factor de vulnerabilidad. El decreto-ley de 2025 se enmarca en la transposición práctica de la Directiva 2019/944 del mercado interior de la electricidad, que exige a los estados y regiones invertir en flexibilidad y almacenamiento. La comparación con Alemania —que aceleró sus inversiones en baterías de almacenamiento tras la Energiewende— o con California en Estados Unidos, que subvencionó masivamente el almacenamiento distribuido tras los apagones de 2020, muestra que España sigue con retraso la tendencia global de descentralizar y almacenar energía renovable para aumentar la fiabilidad del suministro.