Real DecretoNacionalvigente

Corrección de errores del Real Decreto 773/2017, de 28 de julio, por el que se modifican diversos reales decretos en materia de productos y emisiones industriales.

BOE-A-2018-3588Publicada: 15/03/2018MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES

¿Qué dice esta ley?

**¿Qué es?** Se trata de una corrección oficial de errores en el Real Decreto 773/2017. Este decreto original modificaba varias normas sobre productos industriales y emisiones. Como se publicó con errores en la numeración de sus apartados, el Gobierno publica esta rectificación para corregirlos. **¿A quién afecta?** Afecta a las administraciones, empresas e instituciones que trabajan con regulaciones sobre productos industriales y calidad ambiental, en particular a quienes aplican o cumplen con las disposiciones adicionales que este decreto establecía. **¿Qué cambia o establece?** Corrige un error de numeración: donde el decreto original decía que se añadía una "disposición adicional segunda" sobre la Comisión de Cooperación en materia de Calidad Ambiental, debe decir que se añade una "disposición adicional tercera". Es un ajuste técnico para que la numeración sea correcta respecto a las disposiciones que ya existían.

💬 Contexto ciudadano

El Real Decreto 773/2017 formaba parte del marco normativo español de armonización con directivas europeas sobre productos industriales y control de emisiones, permitiendo que España actualizara sus normas técnicas conforme a estándares UE. Esta corrección de errores, aunque meramente técnica (ajuste de numeración de disposiciones adicionales), reviste importancia porque la precisión normativa es fundamental en regulación industrial donde empresas e instituciones requieren claridad sobre obligaciones complianza. La normativa sobre productos industriales es competencia estatal coordinada con directivas UE (directiva 2014/30/UE sobre compatibilidad electromagnética, entre otras), por lo que todas las CCAA aplican el mismo marco. Para el ciudadano-empresa resulta relevante que los errores formales se corrijan expeditivamente: la ambigüedad normativa puede generar inseguridad jurídica, interpretaciones divergentes entre administraciones y riesgos de sanciones por incumplimiento de disposiciones mal identificadas.

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