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ResoluciónNacionalvigente

Corrección de errores de la Ley 7/2017, de 21 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2018.

BOE-A-2018-3527Publicada: 14/03/2018COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

¿Qué dice esta ley?

**¿Qué es?** Esta es una corrección de errores publicada en la Ley de Presupuestos Generales de la Región de Murcia para el año 2018. El documento original contenía errores en los números de referencias a disposiciones finales que debían ser corregidos. **¿A quién afecta?** Afecta a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y a la aplicación correcta de su ley de presupuestos para el ejercicio 2018, así como a la validez legal de las normas de igual rango que puedan modificar estas disposiciones. **¿Qué cambia o establece?** Se corrige el texto de la disposición final novena que hablaba de modificaciones reglamentarias. Donde decía que las disposiciones finales octava y novena tendrían rango de decreto y orden, ahora dice que serán las disposiciones finales séptima y octava las que tendrán esos rangos y podrán ser modificadas por normas del mismo nivel.

💬 Contexto ciudadano

Las correcciones de errores son un mecanismo estándar en toda la administración pública española, empleado por todas las comunidades autónomas y la administración estatal cuando una norma se publica con imprecisiones materiales en su texto. En el caso de Murcia, como en otras CCAA, estas enmiendas se publican en el Boletín Oficial para subsanar inconsistencias que, aunque formales, pueden comprometer la aplicabilidad correcta de la norma. Este procedimiento es análogo al utilizado en otros ordenamientos europeos, donde existen mecanismos para corregir errores de redacción en disposiciones publicadas. La importancia para el ciudadano radica en que los errores de numeración en disposiciones finales afectan directamente a la jerarquía normativa y a qué autoridades pueden modificar posteriormente la ley de presupuestos, impactando en la estabilidad y claridad jurídica de la normativa presupuestaria autonómica que financia servicios públicos esenciales.

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