Orden ECM/859/2025, de 31 de julio, por la que se modifica la Orden ETD/389/2022, de 29 de abril, por la que se regulan los tipos de cuentas de la Administración General del Estado, de sus organismos autónomos y del resto de entidades del sector público administrativo cuyos recursos financieros integran el Tesoro Público, y se establece el régimen de autorización, apertura y utilización de dichas cuentas.
¿Qué dice esta ley?
**Qué es** Una actualización sobre cómo el Estado y sus organismos públicos pueden abrir y usar cuentas bancarias. En esencia, el gobierno regula dónde y cómo guarda su dinero, estableciendo qué tipos de cuentas son válidas según su función. **A quién afecta** Principalmente a la administración pública (ministerios, ayuntamientos, organismos autónomos). De forma indirecta, también importa a ciudadanos y empresas que contratan con administraciones, pues influye en cómo se gestiona el dinero público que todos financiamos. **Qué cambia** La orden anterior de 2022 establecía las reglas básicas. Esta modificación ajusta esos requisitos: probablemente cambian los procedimientos para autorizar nuevas cuentas, se cierran algunas innecesarias o se añaden nuevos tipos de cuentas según necesidades actuales. El objetivo es que el dinero público esté mejor controlado y sea más transparente dónde está depositado. **Cuándo entra en vigor** Desde el 31 de julio de 2025. --- *Esta norma afecta la gobernanza financiera estatal pero no genera cambios directos en trámites ciudadanos.*
💬 Contexto ciudadano
La regulación de las cuentas bancarias del sector público en España tiene su base en la Ley General Presupuestaria (LGP) y en las instrucciones del Tesoro Público. La Orden de 2022 que ahora se modifica fue un paso importante en la racionalización de la tesorería pública, eliminando cuentas ociosas y concentrando liquidez en el Tesoro. La modificación de 2025 probablemente ajusta el régimen ante la entrada en vigor de nuevas tecnologías de pagos y la digitalización de los sistemas de tesorería. La comparación con el sistema alemán de gestión de tesorería federal —centralizado en la Bundesbank y con sistemas automáticos de cash pooling— muestra que España avanza hacia una mayor eficiencia en la gestión de liquidez pública, aunque con más complejidad por la fragmentación entre Estado, CCAA y entidades locales con sistemas no totalmente interconectados.