Real Decreto 271/2018, de 11 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Es una modificación del Reglamento del Sector Ferroviario que completa la adaptación de la ley española a directivas europeas sobre ferrocarriles. Actualiza las normas sobre contabilidad de administradores de infraestructuras ferroviarias y empresas ferroviarias, así como sobre seguros y responsabilidad civil en el transporte ferroviario de viajeros y mercancías. **¿A quién afecta?** Afecta a los administradores de infraestructuras ferroviarias, empresas ferroviarias, propietarios de coches de viajeros y vagones de mercancías, y a las aseguradoras que cubren responsabilidad civil en el sector. También impacta indirectamente a los usuarios del transporte ferroviario de viajeros y mercancías. **¿Qué cambia o establece?** Establece que no puede haber transferencia de fondos públicos entre la administración de infraestructuras y las empresas ferroviarias, obligando a ambas a llevar contabilidades separadas. Define el seguro de responsabilidad civil obligatorio: para coches de viajeros, mínimo 3.000.000 euros por siniestro más 14,50 euros por kilogramo de equipaje (máximo 600 euros por viajero). Para vagones de mercancías, permite que las partes pacten libremente la cobertura. Suprime la regulación transitoria sobre mantenimiento de material rodante para permitir la apertura del mercado de transporte de viajeros.
💬 Contexto ciudadano
El Real Decreto 271/2018 evoluciona la regulación ferroviaria de 2004, adaptándose a directivas europeas que promueven liberalización del transporte. Antes, la regulación permitía cierta flexibilidad en transferencias entre administradores e operadores, generando distorsiones de competencia. Este decreto alinea España con estándares europeos (Paquetes Ferroviarios), estableciendo separación contable obligatoria y seguros de responsabilidad civil claramente definidos, medidas que ya aplicaban Francia, Alemania e Italia. La norma no genera diferencias entre comunidades autónomas, pues el ferrocarril es competencia estatal. Para el ciudadano importa porque garantiza coberturas mínimas en caso de accidentes, asegura competencia efectiva en servicios ferroviarios y transparencia financiera en la gestión de infraestructuras públicas.