Memorando de Entendimiento sobre el establecimiento de una conexión segura entre Eurojust y España, hecho en Madrid y La Haya el 24 de marzo y 7 de abril de 2015.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Es un acuerdo entre el Ministerio de Justicia de España y Eurojust para crear una conexión segura de red que permita el intercambio de información entre ambas partes. Esta conexión se construye sobre la red s-TESTA, una plataforma europea de comunicación segura entre administraciones públicas, y será utilizada para transmitir datos necesarios en la coordinación de investigaciones sobre delitos graves. **¿A quién afecta?** Afecta a las autoridades españolas competentes de justicia y a Eurojust, la agencia de la Unión Europea dedicada a reforzar la lucha contra la delincuencia grave. Los ciudadanos se verán indirectamente afectados en cuanto a cómo se intercambia información sobre investigaciones criminales entre España y esta agencia europea. **¿Qué cambia o establece?** Establece las reglas para que España y Eurojust compartan información de manera segura. Define que la conexión solo se usará para transmitir información conforme a sus marcos legales y normas de protección de datos, requiere que ambas partes protejan sus sistemas contra riesgos de seguridad, prohíbe pruebas de vulnerabilidad sin autorización previa, obliga a informar de incidentes de seguridad y a compartir información sobre amenazas, y exige que ambas partes cumplan con un código de conexión y diseño técnico específicos recogidos en anexos.
💬 Contexto ciudadano
Antes de 2015, el intercambio de información entre las autoridades españolas de justicia y Eurojust carecía de un protocolo técnico-normativo específico y suficientemente seguro, utilizándose canales de comunicación menos formalizados. Este memorando alinea a España con el marco de cooperación penal reforzado en la UE, estableciendo un estándar similar al que otros Estados miembros ya tenían implementado a través de la red s-TESTA, infraestructura creada por la Comisión Europea para comunicaciones seguras interadministrativas. El acuerdo fue formalizado por el Ministerio de Justicia español y Eurojust, reflejando el compromiso de España con la Directiva de Cooperación Judicial Penal de la UE (2000/78/CE y posteriores modificaciones). Para el ciudadano, el documento es relevante porque mejora la ciberseguridad y rapidez en investigaciones de delitos graves transfronterizos, facilitando que los datos personales se compartan bajo garantías técnicas robustas y normativas rigurosas de protección de datos, lo que potencia tanto la eficacia de la persecución penal como la defensa de derechos fundamentales.