Ley 11/2018, de 21 de mayo, de modificación de la Ley 10/1994, de 19 de diciembre, de creación del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Esta ley modifica la norma que creó el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, que es el órgano asesor jurídico supremo de la administración autonómica y local. El cambio busca garantizar que este órgano actúe con mayor independencia, transparencia y cumpliendo con paridad de género. **¿A quién afecta?** Afecta a los ciudadanos de la Comunitat Valenciana, ya que impacta en cómo se elige y funciona el órgano que asesora jurídicamente a la administración que los gobierna. También afecta directamente a las personas que opten a ser miembros de este Consell y a las Cortes Valencianas, que tendrán mayor participación en su designación. **¿Qué cambia o establece?** Cambia que cuatro de los seis miembros elegibles serán designados por las Cortes Valencianes con mayoría de tres quintas partes, en lugar de ser elegidos por el ejecutivo. Establece que estos miembros duran cuatro años y pueden reelegirse una única vez. Obliga a que haya paridad de género con tres mujeres y tres hombres. La presidencia será elegida por votación secreta entre los miembros. Las personas candidatas deberán comparecer públicamente ante comisiones parlamentarias. Finalmente, el Consell debe presentar anualmente una memoria de actividades a las Cortes.
💬 Contexto ciudadano
La Ley 11/2018 representa un giro significativo respecto al régimen anterior de la Ley 10/1994, desplazando el poder de designación del ejecutivo autonómico hacia las Cortes Valencianas, alineándose con la tendencia de independencia institucional consolidada en España desde reformas estatales como la Ley de Igualdad 3/2007 y directrices europeas sobre buen gobierno. Mientras que otras CCAA mantienen órganos consultivos con sistemas variados, esta reforma converge con estándares de transparencia y paridad progresivamente adoptados en instituciones públicas españolas desde 2022. Su relevancia radica en que fortifica el asesoramiento jurídico administrativo frente a presiones ejecutivas, asegurando que la administración valenciana actúe con mayor control parlamentario y representa un avance en gobernanza que beneficia al ciudadano al garantizar que sus administradores reciben asesoría legal más rigurosa e independiente, reforzando el estado de derecho autonómico.