Decreto-ley 2/2023, de 23 de febrero, por el que se aprueba el abono de una prestación extraordinaria a las personas titulares de las Pensiones No Contributivas, del Fondo de Asistencia Social y del Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos residentes en la Comunidad Autónoma de Canarias, para paliar los efectos sociales derivados de la pandemia producidos por la COVID-19 durante el año 2022, así como se modifican puntualmente algunos aspectos de la Ley 5/2022, de 19 de diciembre, de Renta Canari
¿Qué dice esta ley?
═══════════════════════════════════════════════════════════════════ IURISWATCH — Resumen generado por inteligencia artificial © Susan Cabot SLU (NIF B75682989) — Estructura editorial registrada Criterios editoriales: Susan Cabot, asesora fiscal y contable Jurisdicción: ES Fecha de generación: 2026-05-27 Fuente original: ES-BOE — Decreto-ley 2/2023, de 23 de febrero, por el que se aprueba el abono de una pres ⚠ Este resumen ha sido elaborado mediante inteligencia artificial aplicando criterios editoriales humanos propietarios. No sustituye al documento oficial original ni constituye asesoramiento jurídico o fiscal. Consulte siempre el texto íntegro en la fuente oficial. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════ 1. **QUÉ RESUELVE** El Decreto-ley 2/2023 aprueba una prestación extraordinaria para personas beneficiarias de Pensiones No Contributivas, del Fondo de Asistencia Social y del Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos en Canarias, con el objetivo de paliar los efectos sociales de la pandemia de COVID-19 en 2022. Además, modifica aspectos de la Ley 5/2022 de Renta Canaria. 2. **CONTEXTO** El Decreto-ley 2/2023 fue aprobado por el Gobierno de Canarias el 23 de febrero de 2023, con el fin de abordar los efectos socioeconómicos de la pandemia en colectivos vulnerables. Este instrumento sustituye y modifica el anterior Decreto-ley 6/2020, que fue reemplazado por la Ley 3/2020. La norma se publicó en el Boletín Oficial de Canarias y fue convalidada por el Parlamento de Canarias. 3. **CONTENIDO JURÍDICO** El Decreto-ley 2/2023 se fundamenta en el artículo 47.1 del Estatuto de Autonomía de Canarias, que otorga al Gobierno de Canarias la competencia para legislar en materia social. El texto establece que se abonará una prestación extraordinaria a personas titulares de Pensiones No Contributivas, del Fondo de Asistencia Social (FAS) y del Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos (SGIM) residentes en Canarias, con el objetivo de paliar los efectos sociales derivados de la pandemia de COVID-19 en el año 2022. La prestación se considera una medida de emergencia social, destinada a cubrir gastos relacionados con la crisis sanitaria, como la adquisición de mascarillas, geles hidroalcohólicos, guantes, entre otros. El Decreto-ley también modifica puntualmente algunos aspectos de la Ley 5/2022, de 19 de diciembre, de Renta Canaria de Ciudadanía, con el fin de garantizar la continuidad y sucesión del procedimiento de gestión de la renta de ciudadanía. En este sentido, se mantiene la financiación municipal para la gestión de la prestación canaria de inserción (PCI) hasta el momento de entrada en vigor de la presente ley, y se mantiene el personal contratado por los ayuntamientos para las nuevas funciones previstas en la gestión de la renta de ciudadanía, al menos hasta que se produzca el despliegue completo de los efectos económicos regulados en el artículo 60.4 de la Ley 5/2022. Además, el Decreto-ley incluye disposiciones finales que habilitan a la Consejería competente en materia de derechos y políticas sociales para dictar resoluciones de ejecución o de aprobación de instrucciones interpretativas necesarias para garantizar la eficacia de lo dispuesto en el texto. La entrada en vigor del Decreto-ley se establece en el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, que fue el 24 de febrero de 2023. El texto fue firmado por el Presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres Pérez, y la Consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana Perera. 4. **CONCLUSIÓN SIMPLE** El Decreto-ley 2/2023 establece una prestación extraordinaria para personas en situación de vulnerabilidad en Canarias afectadas por la pandemia de COVID-19. Modifica aspectos de la Ley 5/2022 y establece disposiciones finales para su aplicación. La norma entra en vigor el 24 de febrero de 2023. 5. **PUNTOS CLAVE** ✅ **Prestación extraordinaria**: Se establece una prestación para personas titulares de Pensiones No Contributivas, FAS y SGIM, con el objetivo de paliar los efectos de la pandemia. ⚠️ **Modificaciones a la Ley 5/2022**: Se ajustan aspectos de la norma de Renta Canaria para garantizar la continuidad de la gestión de la renta de ciudadanía. 📋 **Financiación municipal**: Se mantiene la financiación municipal para la gestión de la prestación canaria de inserción hasta el momento de entrada en vigor del Decreto-ley. ℹ️ **Entrada en vigor**: El Decreto-ley entra en vigor el 24 de febrero de 2023, día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de Canarias. 6. **FICHA** - **Jurisdicción**: Comunidad Autónoma de Canarias - **Fuente**: Boletín Oficial de Canarias - **Tipo**: Decreto-ley - **Fecha**: 23 de febrero de 2023 - **Materias**: Derecho social, protección social, pandemia, prestaciones, renta de ciudadanía - **Relevancia**: ALTA ────────────────────────────────────────────────────────────────── ⚙ CONTENIDO GENERADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Este resumen ha sido elaborado por un sistema de IA bajo supervisión y criterios editoriales de Susan Cabot SLU. 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💬 Contexto ciudadano
Antes del Decreto-ley 2/2023, las comunidades autónomas, como Canarias, ya tenían competencias en materia social, pero la normativa específica para paliar los efectos de la pandemia se ajustaba a las leyes estatales y a las propias normas autonómicas. En este caso, el Decreto-ley 2/2023 sustituye y modifica el anterior Decreto-ley 6/2020, que fue reemplazado por la Ley 3/2020, mostrando una evolución en la respuesta autonómica a la crisis sanitaria. Este contexto comparativo es relevante porque refleja cómo las CCAA adaptan su legislación en respuesta a emergencias, contrastando con el marco estatal y la UE, que establecen principios generales pero no regulaciones específicas.