Real Decreto 698/2018, de 29 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 595/2018, de 22 de junio, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Es una norma que modifica la estructura organizativa de los ministerios españoles. Aprobada el 29 de junio de 2018, cambia cómo se organizan algunos órganos administrativos dentro del Gobierno central. **¿A quién afecta?** Afecta a la estructura interna de tres ministerios: Justicia, Presidencia e Igualdad, y Economía y Empresa. También impacta en los procedimientos para nombrar a los responsables de ciertos órganos directivos en el Instituto de la Mujer y el Centro de Investigaciones Sociológicas. **¿Qué cambia o establece?** Crea una nueva Dirección General para la Memoria Histórica dentro del Ministerio de Justicia para impulsar iniciativas sobre derechos de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. Cambia el nombre de la Dirección General de Igualdad añadiendo "Diversidad" a su denominación. Suprime algunas direcciones generales en el Ministerio de Economía. Además, permite que los responsables del Instituto de la Mujer y el Centro de Investigaciones Sociológicas sean elegidos también con experiencia del sector privado, universidades y organizaciones sociales, no solo de la administración pública.
💬 Contexto ciudadano
Antes del decreto, la estructura ministerial carecía de un órgano específico dedicado a la Memoria Histórica, con iniciativas fragmentadas que algunas comunidades autónomas como Cataluña gestionaban de forma autónoma. El RD 698/2018 institucionaliza esta función a nivel estatal, alineándose con el reconocimiento europeo de derechos de víctimas de conflictos históricos. La incorporación de "Diversidad" a la Dirección de Igualdad responde a las exigencias de la Directiva 2006/54/CE sobre paridad de género, aunque sin alterar el estándar normativo. El cambio más sustantivo permite que directivos del Instituto de la Mujer y Centro de Investigaciones Sociológicas procedan de sector privado y organizaciones sociales, no solo de administración pública, modernizando gobernanza hasta entonces endogámica. Para el ciudadano importa porque refuerza el acceso institucional a políticas de reparación histórica e igualdad, mientras la pluralización de liderazgos amplifica perspectivas en organismos que orientan políticas públicas de incidencia social relevante.