Real DecretoNacionalvigente

Sentencia de 4 de junio de 2018, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima en parte el recurso interpuesto contra el Real Decreto 1057/2015, de 20 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.

BOE-A-2018-10126Publicada: 19/07/2018TRIBUNAL SUPREMO

¿Qué dice esta ley?

**¿Qué es?** Una sentencia del Tribunal Supremo de 2018 que resuelve un recurso presentado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Unauto VTC y Uber BV contra un Real Decreto de 2015 que había modificado las normas de transporte terrestre. **¿A quién afecta?** Afecta a las empresas de transporte, especialmente a las plataformas de transporte con conductor (VTC), y a las autoridades que deben aplicar estas normas de transporte. **¿Qué cambia o establece?** La sentencia anula dos partes específicas del Real Decreto 1057/2015: los dos primeros párrafos del artículo 181.2 del Reglamento de Transportes Terrestres en la forma en que ese Real Decreto los había redactado, y la disposición transitoria única del mismo Real Decreto. El resto del recurso es desestimado. No se condena al pago de costas procesales.

💬 Contexto ciudadano

El Real Decreto 1057/2015 endureció los requisitos regulatorios del transporte VTC respecto al régimen anterior más permisivo, buscando proteger al taxi tradicional frente a la irrupción de plataformas digitales. Aunque la Directiva UE 2015/1215 sobre movilidad urbana permitía a los Estados establecer limitaciones, la mayoría de territorios (Francia, Portugal, algunos gobiernos autonómicos) optaron por regulaciones menos restrictivas para fomentar la competencia. El Tribunal Supremo, en convergencia con criterios de competencia europea, anuló parcialmente el decreto al considerarlo desproporcionado, alineándose con la posición de la CNMC. Esta decisión beneficia al ciudadano mediante mayor competencia en precios y disponibilidad de servicios de transporte, aunque mantiene un marco regulatorio que sigue siendo más restrictivo que en jurisdicciones comparables, reflejando un equilibrio entre innovación digital y protección del sector tradicional en España.

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