Enmiendas de 2015 al Convenio internacional sobre normas de formación, titulación y guardia para la gente de mar (Convenio de Formación), 1978, en su forma enmendada, adoptadas en Londres el 11 de junio de 2015 mediante Resolución MSC.396(95).
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Una resolución de la Organización Marítima Internacional que modifica las reglas internacionales sobre cómo se forman, capacitan y certifican los capitanes, oficiales y marineros. La enmienda introduce requisitos especiales para los barcos que utilizan gases o combustibles especiales de bajo punto de inflamación (conocidos como buques regidos por el Código IGF). **¿A quién afecta?** Afecta directamente a los marineros, oficiales y capitanes que trabajan o trabajarán en barcos que usan este tipo de combustibles. También afecta a los países que firmaron el convenio, que deben implementar y vigilar que se cumplan estas nuevas normas de capacitación en sus flotas. **¿Qué cambia o establece?** Establece que todo el personal en estos barcos especiales debe recibir formación obligatoria antes de trabajar a bordo. Requiere que los capitanes y oficiales de máquinas obtengan un certificado avanzado que incluya formación teórica y experiencia práctica de al menos un mes con tres operaciones de carga de combustible. También cambia que los títulos de marineros se deben renovar cada cinco años en lugar de otros plazos. Las nuevas reglas entraron en vigor el 1 de enero de 2017.
💬 Contexto ciudadano
El Convenio STCW de 1978 estableció normas internacionales básicas de formación y certificación marítima, pero no contemplaba específicamente combustibles alternativos. La enmienda de 2015 responde a la creciente adopción de gases licuados (GNL) en flotas comerciales, armonizando requisitos entre más de 150 países signatarios, incluyendo España. Aunque la UE ya mantenía estándares similares mediante directivas de seguridad marítima, esta resolución IMO universaliza la capacitación en combustibles de bajo punto de inflamación. Su relevancia para el ciudadano radica en garantizar la competencia profesional del personal, reduciendo riesgos de accidentes e impidiendo desventajas competitivas entre trabajadores españoles y personal menos preparado internacionalmente. La implementación obligatoria desde 2017 consolida así un estándar único en puertos españoles y europeos.