Real Decreto 254/2025, de 1 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 1007/2023, de 5 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece los requisitos que deben adoptar los sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos de facturación de empresarios y profesionales, y la estandarización de formatos de los registros de facturación.
¿Qué dice esta ley?
**Sistemas de facturación electrónica más seguros y conectados** Los programas y sistemas que usan las empresas para emitir facturas deben cumplir requisitos de seguridad y compatibilidad más estrictos. Básicamente, se actualizan las reglas técnicas para que todos los software de facturación funcionen de manera uniforme y protegida. **Afecta principalmente a autónomos, pymes y empresas** que emiten facturas, así como a los proveedores de software de contabilidad y facturación. La Administración también se beneficia porque puede acceder a datos más estandarizados y seguros. **El cambio concreto** es que los sistemas deben ajustarse a nuevos estándares técnicos sobre cómo registran, almacenan y transmiten datos de facturas. Mejora la seguridad (menos riesgo de manipulación), facilita los trámites con Hacienda y garantiza que todos usen formatos compatibles. Si tu software actual no cumple, necesitarás actualizar. **Entra en vigor el 1 de abril de 2025.** Las empresas tendrán un plazo para adaptar sus sistemas; es recomendable verificar con tu proveedor de software si tu programa cumple ya con estos requisitos para evitar problemas en la emisión de facturas.
💬 Contexto ciudadano
Antes de la entrada en vigor del Real Decreto 254/2025, las normas sobre facturación electrónica en España se regulaban principalmente por el Real Decreto 1007/2023, que establecía requisitos técnicos básicos para los sistemas de facturación. A nivel estatal y europeo, existían marcos como el Reglamento (UE) 2017/1128, que establecía estándares mínimos de seguridad y interoperabilidad. La modificación introducida por el nuevo real decreto refuerza estos requisitos, alineándose con las normativas de la Unión Europea y mejorando la seguridad y la compatibilidad de los sistemas. Esta actualización importa porque asegura una mayor uniformidad, protección de datos y facilita la integración con la Administración Pública, beneficiando a empresas, autónomos y proveedores de software.