Real Decreto 253/2025, de 1 de abril, por el que se modifican, en materia de obligaciones de información, el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, y el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio.
¿Qué dice esta ley?
**Qué es** El Estado simplifica y actualiza los requisitos de información que deben cumplir contribuyentes e intermediarios ante la Hacienda Pública. En concreto, modifica cómo y qué datos debes proporcionar cuando declaras la renta o cuando realizas trámites tributarios, adaptándolo a los sistemas digitales actuales. **A quién afecta** Principalmente a ciudadanos que declaran el IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas), autónomos, empresas y también a asesores fiscales, gestorías y bancos que intermedian en estos trámites. La Administración tributaria también se ve afectada en cómo recibe y procesa esa información. **Qué cambia** Se reducen las cargas burocráticas (eliminando datos redundantes o innecesarios), se clarifican cuáles son las obligaciones reales de cada actor y se alinean los requisitos con el marco digital. Esto significa menos papeleos, declaraciones más ágiles y menos riesgo de rechazos por errores formales. También facilita que la Hacienda Pública inspeccione de manera más eficiente. **Cuándo entra en vigor** El 1 de abril de 2025. Las nuevas reglas se aplican desde esa fecha, aunque es probable que la Administración establezca plazos de adaptación para
💬 Contexto ciudadano
Antes del Real Decreto 253/2025, las normas sobre obligaciones de información en materia tributaria en España estaban reguladas por el Real Decreto 439/2007 y el Real Decreto 1065/2007, que establecían requisitos de declaración y trámites que, en muchos casos, eran complejos y poco adaptados a la digitalización. A nivel europeo, la UE promovía la simplificación y la armonización de procesos fiscales, mientras que las comunidades autónomas tenían su propia regulación, a menudo con diferencias significativas. La importancia de este Real Decreto radica en su alineación con el marco digital y la simplificación de trámites, mejorando la eficiencia y reduciendo la carga administrativa para contribuyentes y la Administración.