Real Decreto 252/2025, de 1 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto Complementario para garantizar un nivel mínimo global de imposición para los grupos multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud.
¿Qué dice esta ley?
**Qué es** Un nuevo impuesto que obliga a las grandes empresas (tanto multinacionales como españolas con mucho volumen) a pagar un mínimo de imposición global. Si después de todas las deducciones y beneficios fiscales pagan menos del 15%, deben completar esa cantidad. Es un mecanismo para evitar que las grandes compañías reduzcan artificialmente su carga fiscal moviendo beneficios a países con menos impuestos. **A quién afecta** Principalmente a grupos empresariales con facturación superior a 750 millones de euros anuales. Los autónomos y pequeñas empresas no entran en este régimen. Las multinacionales con operaciones en España también quedan sujetas si alcanzan ese volumen. **Qué cambia** Las grandes empresas deberán revisar sus estructuras fiscales: el ahorro que generaban trasladando ganancias a filiales en países de baja tributación se reduce significativamente. Muchas tendrán que asumir más carga fiscal o reestructurar sus operaciones. Aumenta la transparencia: habrá más información sobre dónde y cómo tributan realmente estas compañías. **Cuándo entra en vigor** El reglamento es de aplicación desde el 1 de abril de 2025, aunque algunos aspectos de implementación técnica pueden requerir ajustes posteriores en las declaraciones del ejercicio
💬 Contexto ciudadano
Antes del Real Decreto 252/2025, España aplicaba un régimen fiscal estatal que, aunque regulaba la tributación de las grandes empresas, no establecía un mínimo global de impuestos para grupos multinacionales ni nacionales de gran magnitud. Este nuevo régimen se alinea con normativas de la Unión Europea y con estándares internacionales, como el acuerdo de la OCDE sobre el impuesto mínimo global, con el objetivo de evitar la evasión fiscal mediante la relocalización de beneficios. La importancia radica en que este impuesto refuerza la coherencia fiscal dentro de la UE y establece un marco más equitativo para las grandes corporaciones, evitando que se aprovechen de diferencias fiscales entre países.