Real DecretoNacionalvigente

Sentencia de 19 de marzo de 2025, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el Real Decreto 366/2024, de 9 de abril, de ampliación de funciones y servicios traspasados a la Comunidad Autónoma del País Vasco por el Real Decreto 2808/1980, de 26 de septiembre, en materia de enseñanza (homologación y declaración de equivalencia de títulos obtenidos en el marco de sistemas de educación superior extranjeros).

BOE-A-2025-6297Publicada: 29/03/2025TRIBUNAL SUPREMO

¿Qué dice esta ley?

**Qué ocurre** El Tribunal Supremo ha anulado un decreto que transfería a Euskadi competencias sobre homologación de títulos universitarios extranjeros (es decir, el reconocimiento oficial de diplomas obtenidos fuera de España). Quien impugnó esta transferencia ha ganado el juicio. **Quién se ve afectado** Principalmente estudiantes y profesionales extranjeros que solicitan validar su título universitario en España, y las instituciones educativas. También afecta a la Administración estatal y vasca, que deberán replantear quién gestiona estos trámites. **Qué cambia** La competencia sobre homologación de títulos extranjeros **no puede transferirse a cada comunidad autónoma**. Esto significa que no será Euskadi quien decida cómo reconocer diplomas foráneos, sino que permanece centralizado. Se restaura la gestión uniforme a nivel nacional, evitando que cada región tenga criterios distintos. Esto garantiza que un ingeniero con título alemán siga los mismos pasos en Bilbao que en Madrid. **Cuándo entra en vigor** Desde el 19 de marzo de 2025 (fecha de la sentencia). El Real Decreto 366/2024 queda sin efecto, así que hay que volver al sistema anterior mientras se resuelva cómo continuar.

💬 Contexto ciudadano

Antes de la sentencia del Tribunal Supremo de 2025, la homologación de títulos universitarios extranjeros estaba centralizada en el Estado, aunque se habían realizado transferencias a algunas Comunidades Autónomas, como el País Vasco, mediante el Real Decreto 2808/1980. Esta norma permitía que las CCAA gestionaran ciertas competencias en materia educativa, incluida la homologación, lo que generaba una diversidad de criterios entre regiones. La importancia de esta sentencia radica en que reafirma la competencia estatal en este ámbito, evitando la fragmentación y garantizando un sistema uniforme, lo cual es crucial para la movilidad académica y profesional de los ciudadanos extranjeros.

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